«Necesito ayuda, no pido la Luna»

La silla de ruedas no acaba de entrar por la puerta de la habitación del hospital y Rafa Funes hace las presentaciones desde el pasillo. Sentado junto a la cama y parapetado tras un tubo de respiración asistida, Antonio Funes Alba, de 93 años, levanta la mirada y devuelve el saludo con un hilo de voz. Este trabajador retirado de Duro Felguera es el gran baluarte afectivo, asistencial y económico de su único hijo, que tiene 57 años y padece tetraparesia (una enfermedad que implica la parálisis parcial de las cuatro extremidades y por la que tiene el grado máximo de dependencia).

La pensión paterna era la principal fuente de ingresos del núcleo familiar, pero ahora la mayor parte de ese dinero va destinado a sufragar la plaza geriátrica pública que Antonio ocupa desde hace un mes en un centro de Sama. «Me he quedado con apenas 1.000 euros para pagar a la cuidadora que me atiende y afrontar los gastos de la casa. Quiero pelear por llevar una vida lo más autónoma posible, pero necesito ayuda. No creo que pida la luna», se lamenta Rafa Funes.

Desde que su padre fue ingresado, Funes, que sufre una incapacidad total, enfila a diario el paseo fluvial del Nalón en su silla de ruedas eléctrica para cubrir el tramo que separa su casa de El Entrego del centro asistencial de Sama en el que permanece Antonio. En ocasiones tiene que esforzarse para alejar pensamientos sombríos. «La situación te lleva a desesperarte y a veces llegas a pensar que vale más tirarte a la máquina, pero no lo haré por el paisano que está en esa cama», expone este vecino de El Entrego, que no oculta su contrariedad a la hora de hablar de la Ley de Dependencia. «Los criterios de la norma están para cumplirlos, pero entiendo que debe existir cierta sensibilidad al aplicar la ley en situaciones de desamparo personal extremo como la que yo estoy atravesando».

Funes, que perdió a su madre en 2006, recibe la atención de una cuidadora a tiempo completo, ya que precisa ayuda para vestirse, comer, asearse, cambiar de postura en la cama o ir al baño. Parte de la paga de su padre servía para costear esa atención, pero ahora la fuente de ingresos ha desaparecido: «Tras ser hospitalizado, mi padre ha dejado de percibir 1.165 euros de los 1.371 que recibía. Los ingresos ahora son lo que queda de esa pensión, 596 de compensación familiar por tener un hijo dependiente y 278 que yo recibo por la Ley de Dependencia; en definitiva, apenas 1.000 euros con los que tengo que pagar a mi cuidadora, además de la comida, la luz, el agua, el gas, la comunidad, el teléfono?», argumenta este entreguín, para precisar a continuación: «Cuando falte mi padre podría optar a un 72 por ciento del total de su paga por orfandad absoluta en situación de gran dependencia, pero creo que no tiene por qué haber rebajas para casos así. No todo pueden ser recortes».

Militante socialista, impulsor de la comisión de San Martín contra la barreras arquitectónicas y presidente de la Asociación de Pensionistas San Andrés de El Entrego (cargo por el que también dirige el centro social de la localidad), Funes entiende que los discapacitados deberían tener «más que decir» a la hora de elaborar las leyes sobre discapacidad. Este vecino de El Entrego se ve con «ganas, deseos y fuerzas de llevar una vida lo más autónoma posible». Por eso se llevó un disgusto cuando los responsables de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) le plantearon ingresar en un geriátrico. «Es algo que no me planteo. Quizá algún día tenga que hacerlo, pero considero que ahora puedo ser autónomo y aportar cosas a la sociedad. Mi cuerpo está en una silla de ruedas, pero mi cabeza no. Tal vez tenga que ingresar en un geriátrico con el tiempo, si por ejemplo me da un derrame cerebral, pero no creo que tenga que hacerlo por falta de recursos económicos».