El presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón y alcalde de Sobrescobio, el socialista Marcelino Martínez Menéndez, tendrá que declarar en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación. Lo hará el próximo día 22 de octubre, en los juzgados de Laviana tras ser admitida a trámite una denuncia presentada contra él por un matrimonio que regenta una casa rural en la localidad de Campiellos, que acusa al regidor de haberles sometido a un "acoso constante" desde que montaron su negocio en el municipio coyán y de utilizar "el poder que le otorga su cargo" para vengarse de ellos por haber denunciado previamente "una serie de irregularidades urbanísticas cometidas por el alcalde en una vivienda de su propiedad en el pueblo de Campiellos", cuando Marcelino Martínez "era concejal de obras", según señalaron ayer los abogados de los querellantes, Javier Díaz Dapena y Miguel Valdés-Hevia.

Según la versión de los denunciantes, el verdadero "acoso" del regidor comenzó en cuanto éste se sentó en el sillón de la alcaldía. Sus abogados aseguran que la pareja llegó a recibir "un aluvión de actuaciones administrativas" en su contra "que incluyeron, entre otras muchas cosas, la apertura de diversos expedientes en relación con la ocupación de un espacio" que el matrimonio "siempre consideró de su propiedad". También sostienen, por ejemplo, que Marcelino Martínez les denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos por instalar cámaras de videovigilancia en su negocio.

Esa "presión" a la que supuestamente estaban sometidos, llevó a la pareja a contraatacar. Presentaron una denuncia contra Marcelino Martínez por una supuesta actuación irregular en una finca de su propiedad conocida como "La Rasa" cuando era edil de obras. Según señalan los querellantes, en esa parcela el regidor "construyó una cabaña y un almacén que acabó transformando en una vivienda y una cochera respectivamente sin contar con las licencias respectivas". Esa denuncia fue archivada "sobre la base de la prescripción de las infracciones denunciadas", pero el matrimonio afirma que a partir de ahí el "acoso" fue a mayores.

La gota que colmó el vaso del matrimonio -"el verdadero germen de la denuncia", según los letrados- fue el inicio de un expediente urbanístico sancionador por parte del Ayuntamiento "con el que se anunciaba una desmedida multa de hasta 300.000 euros" para la pareja "por la construcción de un tejadillo anexo a su vivienda y apoyado en una estructura de madera abierta y sin cimentación", una obra que no llegó "a los 2.000 euros de presupuesto". La construcción tuvo que ser derribada y, "tras infinidad de recursos", el matrimonio tuvo que pagar "unos 800 euros", según los abogados.

Pero la cosa no acaba ahí. La pareja asegura que el regidor utilizó con ellos "una vara de medir muy distinta" a la empleada con otros vecinos del concejo. Como ejemplo ponen "la permisividad" que Martínez tuvo con una mujer "a la que se le concedió una licencia para hacer una caseta de aperos" en una finca muy cercana a la de los querellantes y catalogada como suelo de Interés de Protección del Paisaje, que "acabó siendo casi un chalet". Según los abogados, eso demuestra "la ceguera selectiva en materia de disciplina urbanística" del regidor. Este diario se puso ayer en contacto con Marcelino Martínez con la intención de publicar su versión de los hechos, pero declinó hacer declaraciones. A última hora de la tarde aún no había recibido "ninguna notificación" para presentarse en los juzgados y por eso prefirió "esperar a ver que pasa y hablar cuando tenga que hacerlo".