"Cuando recibamos el requerimiento del Ayuntamiento de Langreo lo analizaremos y determinaremos qué es lo que más beneficia a nuestro concejo", aseguró ayer el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández, en referencia al acuerdo tomado en el municipio vecino para reclamar 1,3 millones de euros por exceder el consumo fijado para la traída de agua del Raigosu. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) reconoce el derecho de Langreo a cobrar por este concepto al superar San Martín el 20% del volumen de la captación, que fue establecido en un convenio firmado por ambos consistorios en 1928. Langreo reclamará ahora las cantidades adeudadas desde 2010 según el consumo registrado.

El regidor de San Martín afirmó que no ha recibido hasta el momento ninguna comunicación "por los cauces oficiales". "Los servicios jurídicos del ayuntamiento analizarán la documentación cuando llegue", señaló Enrique Fernández para añadir: "Desconozco hasta qué punto este asunto está amparado legalmente". San Martín afirmó en 2011, en pleno proceso judicial, que el contador instalado por el concejo vecino no se encontraba en el lugar adecuado.

La decisión de requerir al Ayuntamiento de San Martín para que abone 1,3 millones de euros al consistorio langreano fue tomada el pasado martes en la comisión de Hacienda por todos los grupos municipales (los dos que conforman el equipo de gobierno -IU y Somos- PSOE, PP y Ciudadanos). El regidor langreano, Jesús Sánchez, indicó que el concejo "necesita ese agua y nos permitirá ahorrar". La administración local prevé conectar la tubería del Raigosu con la planta potabilizadora de Entralgo, lo que permitirá ahorrar en costes eléctricos y de mantenimiento de las máquinas de bombeo que se utilizan actualmente para llevar el agua del canal de Coruxera, la otra captación de Langreo, a la potabilizadora. La obra tendrá un presupuesto de alrededor de 180.000 euros.

El gobierno local langreano mostró su disposición a llegar a un acuerdo aunque siempre "sobre la base de la sentencia" dictada por el TSJA en 2013.