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La Fiscalía investiga otros tres contratos menores en el Ayuntamiento de Caso

Los nuevos casos se suman a las diligencias abiertas contra el Alcalde por la asignación de una obra de desbroces

24.02.2016 | 17:13
Tomás Cueria, alcalde de Caso.

La Fiscalía de Langreo ha ampliado la investigación por presunta prevaricación en el Ayuntamiento de Caso a otros tres contratos menores que podrían presentar irregularidades. Uno de ellos sería el relativo al mantenimiento de las depuradoras de agua del concejo, que desarrolla Aqualia. Se trata de un contrato menor que habría caducado pero que, en la práctica, se ha prorrogado porque el servicio sigue manteniéndose, algo que en teoría no puede hacerse con la actual normativa de contratos públicos.

El pasado mes de agosto, la Fiscalía de Langreo recibió una denuncia presentada por IU de Caso contra el alcalde casín, Tomás Cueria, por la contratación de una obra de desbroces. Esta querella provocó una investigación, que ahora se podría ampliar a otros tres contratos menores con presuntas irregularidades en el Ayuntamiento, pertenecientes a esta mismo mandato y al anterior. De momento no hay fecha para la declaración, en calidad de imputado, del regidor casín.

En su escrito de diligencias, el fiscal esgrime que, tras tomar declaración a la secretaria del Ayuntamiento, la trabajadora municipal explicó que había formulado reparo al pago de una factura a la firma Cofoso por importe de 33.817 euros por realizar trabajos y desbroces para la defensa contra incendios, ya que no se habían seguido los trámites fijados en la ley de Contratos Públicos.

Según la Fiscalía, el Consistorio había iniciado el proceso de contratación, invitando a tres empresas. Sin embargo, no llegó a realizar las ofertas porque el gobierno local le reclamó que paralizase la licitación, porque los trabajos ya se habían realizado de forma parcial. La secretaria, según las diligencias, recibió la factura y planteó reparo. Sin embargo, el Alcalde levantó ese reparo y ordenó el abono. El pago se realizó una vez comprobado que se habían realizado los trabajos y que habían sido justificados por el Principado, a pesar de no haberse seguido la tramitación adecuada, según la empleada municipal. El resto de los trabajos -el montante global de la subvención más la aportación municipal ascendía a 61.198 euros- fueron paralizados por el Ayuntamiento, por lo que se inició la revocación parcial de la ayuda.

La Fiscalía decidió presentar denuncia ante el Juzgado de Laviana por si los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal. Ahora, la investigación podría afectar a otros tres contratos menores en los que podría haber incompatibilidades con la normativa. Cueria siempre ha afirmado haber actuado de buena fe, y que si hay anomalías son por errores administrativos.

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