Gestores de la ampliación de El Musel tendrán que afrontar un juicio en el Tribunal de Cuentas, a instancias de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que consideran que deben afrontar responsabilidades patrimoniales por supuestas irregularidades en la obra portuaria. Este procedimiento administrativo es paralelo a la investigación penal que se instruye en la Audiencia Nacional y al expediente abierto por la Comisión Europea para la revocar los 247,5 millones de euros de Fondos de Cohesión concedidos a la obra de ampliación, ambos a raíz del informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).
El "procedimiento de reintegro por alcance" abierto por el Tribunal de Cuentas, que es como se denomina técnicamente, es consecuencia directa del informe de fiscalización que hizo este organismo en junio de 2016 sobre el proyecto de ampliación de el Musel, ejercicios 2012 y 2013. Aunque el título aludía a estos años, el informe repasa todo lo relativo a la obra de ampliación, desde la adjudicación de los contratos de obra (a la UTE Dique Torres) y de asistencia técnica (a la UTE Cabo Torres) hasta el modificado del proyecto y sus sobrecostes. A esa fiscalización le siguió una fase de instrucción en el departamento de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que derivó en la apertura del procedimiento de reintegro. En un auto dictado el pasado 9 de octubre, la Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, se abrió un plazo para que se personen los legalmente habilitados "para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable". El procedimiento de reintegro por alcance se abrió a pesar de un informe favorable del IGAE sobre la contabilidad, según explicaron las fuentes consultadas.
En las conclusiones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobado en junio de 2016 se señalan, entre otras cuestiones supuestos incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón. Así, el informe recoge que entre abril de 2006 y noviembre de 2007, el Puerto pagó incrementos 63,85 millones de euros (IVA excluido) de sobrecostes a Dique Torres, con anterioridad a que se tramitara el expediente de modificación del contrato.
La modificación del contrato fue aprobada técnicamente por el Consejo de Administración del Puerto en diciembre de 2007 y económicamente en enero de 2010. El informe señala que a 31 de diciembre de 2010 el sobreprecio abonado a Dique Torres era de 142,44 millones de euros (IVA excluido), de los que un 93% eran por incrementos o suplementos en los precios de los materiales de cantera. El informe señala que "la alteración de los precios previstos en el proyecto de los materiales procedentes de las canteras no resulta conforme con las estipulaciones del contrato, ya que la responsabilidad de la elección de las fuentes de suministro era exclusivamente del contratista", añadiendo que resulta a este respecto relevante "la ausencia de un riguroso control de los camiones que transportaban el material desde las canteras a la obra" puesto que los sobrecostes estaban directamente relacionados con la procedencia de los materiales.
Asistencia técnica
Además en el informe se señala que "se han detectado deficiencias en el sistema de control interno referidas a las obligaciones en materia de contratación y subcontratación". A este respecto apunta que el contrato de asistencia técnica con la UTE Cabo Torres se licitó en 7,59 millones de euros, lo que suponía 1,31 millones más que lo que correspondería en función de la partida prevista en el presupuesto del proyecto. Agrega que el Puerto no justificó los criterios que motivaron la adjudicación de ese contrato a Cabo Torres en 6,25 millones de euros (IVA incluido), que las personas que se encargaron sucesivamente de la asistencia técnica no tenían la experiencia requerida en obra marítima y que a la finalización del contrato los el coste de la asistencia técnica fue de 12,14 millones de euros (un 125% más que el precio de adjudicación), de los que 1,16 millones fueron por actualización de precios. El pago total superó el presupuesto del modificado del proyecto en 787.000 euros.
Con la modificación del contrato de obra, el de asistencia técnica se incrementó en 5,58 millones de euros (IVA incluido) sin la aprobación del órgano de contratación del Puerto. El informe señala además que los pliegos en base a los que se contrató la asistencia técnica sólo habrían permitido un aumento del plazo con un importe de 2,47 millones.
Así mismo el informe señala que Dique Torres se benefició del método de pago empleado para abonar el servicio de asistencia técnica e informes de la Universidad de Granada. En ambos casos, Dique Torres pagaba primero a la UTE Cabo Torres o a la Universidad de Granada, a la vez que facturaba por esos conceptos al Puerto añadiendo en esa factura un 19% de gastos generales y beneficio industrial. Esto supuso que el Puerto abonase 2,31 millones de euros adicionales respecto al coste de la asistencia técnica y 124.000 euros adicionales respecto a los estudios realizados por la Universidad de Granada.
El informe también alude al desembolso de 6,64 millones de euros por el Puerto en compra y expropiación de fincas en el Alto Aboño que luego no se pudieron usar para la ampliación.
