Serantes (Tapia de Casariego),

Jorge JARDÓN

«Creo que el Ayuntamiento de Tapia debería modificar su feria de Campomar por la feria del ladrillo y del hormigón y, en vez de premiar a los abuelos ejemplares del campo y del mar, conceder el galardón al mayor especulador». Estas palabras las compartían Justo Fernández y su sobrino, Miguel Ángel, ambos vecinos de Serantes, quienes viven momentos de confusión desde que se supo que la empresa madrileña Sydu pensaba adquirir muchas hectáreas de terreno en el pueblo para edificar centenares de viviendas em la localidad.

Tío y sobrino se encuentran en desacuerdo no sólo con la medida, sino también con las contradicciones en las que cae el Ayuntamiento, que tan pronto señala que desconoce el proyecto como luego trata de aclarar puntos dudosos de acuerdo con lo que sabe del mismo.

Justo Fernández señala que no tiene pensado firmar ningún compromiso con la empresa y, además, cree que casi nadie lo habrá hecho todavía, al darse la circunstancia de que aún no cuentan con los títulos de propiedad definitivos a causa de la concentración parcelaria. No obstante, reconoce que este trámite puede subsanarse mediante un certificado de la Consejería de Medio Rural. Considera que el primer trámite sería recalificar los terrenos y, después, venderlos, una pretensión justa que la empresa compradora trata de evitar, ya que prevé pagar un euro por cada firma y adquirir a cambio las opciones de compra por espacio de tres años, prorrogables a un cuarto año, por ser ése el tiempo que calcula que tardará en recalificar los terrenos, que cambiarán de rústicos a urbanizables. A partir de ese momento pasarán a cobrar el 40% del precio, doce meses después percibirán el 30% y 24 meses más tarde cobrarán el 30% restante. El precio final, cuando el proceso esté en marcha, será de 60 euros por metro cuadrado, sin tener en cuenta la calidad de cada finca, un cantidad con la que tampoco se muestra conforme Justo Fernández, ya que no son lo mismo el precio actual de terreno rústico y el que correspondería a la venta, que ya se efectuaría sobre terrenos revalorizados por la recalificación.

Justo Fernández y su sobrino también encuentran confuso el volumen de la edificación, en tanto la empresa se refirió a 3.000 viviendas y el alcalde, Gervasio Acevedo, maneja ahora 16 viviendas por hectárea, De lo que sí están seguros es de que se les dijo que la urbanización llegaba a la carretera del cementerio, cuando se ha podido comprobar que también el cementerio queda incorporado a la misma.

De todas formas, no ven nada claro que la empresa siga adelante con su pretensión, ya que ha anunciado que, si no alcanzase a comprar el 70% de los terrenos, se retiraría. Una cifra que, en principio, no parece nada fácil. En el caso de Justo Fernández, el proyecto de la urbanización le afecta en unas ocho hectáreas, que incluyen la casa y sus alrededores, pero no está animado a vender, ni tan siquiera a firmar el preacuerdo de compromiso, evitando que el pueblo desaparezca.