El concejal popular acusa al equipo de gobierno de no prestar atención al interés de la mayoría de la ciudadanía, algo que se traducirá en una importante sanción económica. «Nos parece un atropello jurídico y delata que no quieren desarrollar Villapedre por responder a intereses particulares y no al general y arriesgándose a pagarle al particular una indemnización fijada en el contrato de dieciocho euros por metro cuadrado. Y son siete mil metros cuadrados», recuerda Roberto Santiago. Por lo que añade, «romper ese contrato es abocar al Ayuntamiento a pagar una indemnización millonaria».
