La papelera Ence, principal interesada en el proyecto, guarda silencio

 

Navia, T. CASCUDO



Si hay alguien que tiene intereses directos en el proyecto de terminal flotante para el muelle de Mirasol, ésa es la empresa papelera Ence, que necesita una terminal cubierta para hacer las descargas de su producción de papel a expensas del tiempo, y más aún en un momento en el que se enfrenta a un proceso de ampliación que duplicará su volumen de producción. Pero, de momento, los responsables de la papelera prefieren guardar silencio, al menos hasta que la Xunta haga algún tipo de declaración oficial, indicaron ayer desde su departamento de prensa.



Ence no quiere poner sus cartas sobre la mesa, aunque la semana pasada el alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, explicó que la papelera dispone de otra alternativa firme a la terminal flotante sobre el Eo: la construcción de un enlace ferroviario desde la planta de Navia a la estación de tren del municipio y de ahí tomar rumbo a Gijón, donde la carga saldría por el puerto de El Musel. Esta alternativa la defienden la mayor parte de los alcaldes asturianos. Del otro lado, sería una gran pérdida para Mirasol, pues la papelera es su principal cliente y quien ocupa la mayor parte de su tráfico de mercancías.



Por el momento, poco más se sabe del proyecto en cuestión previsto para Mirasol. El presidente de Puertos, en su visita a Ribadeo, sólo confirmó que la superficie prevista es de 5.982 metros, de los que 3.700 estarían en tierra y 2.200 sobre la ría. Un modelo similar al que ya existe en la ría pontevedresa de Marín, auspiciado también por la empresa que propone la construcción ribadense: Galigrain.



El proyecto sigue los cauces legales a la espera de que el día 29 acabe su proceso de competencia, en el que la Xunta permite que otras empresas presenten otras propuestas similares para Mirasol. A partir de ahí empezará la tramitación oficial, en la que la terminal se enfrentará a los detractores que le han surgido hasta la fecha: la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta, quien debe aprobar el estudio de impacto ambiental, y el Ayuntamiento de Ribadeo, que debe conceder la pertinente licencia de obra, último trámite antes de levantar la plataforma en el puerto ribadense.

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