El agua va por su cauce en Somiedo

Veigas (Somiedo),

V. DÍAZ PEÑAS

La urbanización del área industrial de Puente Bobia, en el concejo de Somiedo, ha llegado a su fin. Ahora, la empresa Aguas de Somiedo S. A., de capital catalán, llevará a cabo la construcción de la planta embotelladora de agua. En estos momentos se están ultimando los trámites para la concesión de la licencia de obra y se espera que la construcción del edificio comenzará en septiembre. La empresa acomete ahora la captación y canalización de agua en la que se han invertido unos 200.000 euros.

La culminación de las obras del área industrial es la primera fase de un proyecto que no ha estado exento de polémica. De hecho, el juez acaba de admitir a trámite una denuncia del PP sobre la tramitación irregular del área industrial. El alcalde somedano, el socialista Belarmino Fernández Fervienza, defiende una y otra vez la obra, que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros. La finca tiene un espacio de nueve mil metros cuadrados, de los que 3.000 serán utilizados para la planta embotelladora. El resto de la superficie se dedicará a oficinas, aparcamientos y accesos. «Estamos muy contentos con esta obra, pues se han cumplido todas las normas medioambientales necesarias. Una vez concluidas estas obras, comenzará la construcción de una nave de una única planta que irá revestida con piedra para evitar el mayor impacto visual posible», puntualizó Fervienza.

Y, mientras finalizaban las obras de urbanización, la empresa Aguas de Somiedo S. A. ya ha comenzado los trabajos que permitirán el embotellado y distribución de aguas de la Fuente del Oso. La canalización del agua va paralela a una pista existente y está oculta a la vista. Se han construido arquetas y se han colocado conductos en una distancia de unos dos kilómetros.

Respecto al terreno, el contrato de compraventa ya se ha firmado con la empresa adjudicataria, que finalmente deberá pagar 110.000 euros por los terrenos. A cambio el nombre de Somiedo deberá figurar en las botellas de agua, la sede social de la empresa deberá estar fijada en el municipio y, en el caso de que no se lleve a cabo el proyecto, los terrenos volverán a manos del Ayuntamiento.