Campos (Tapia),
T. CASCUDO
El juicio por la demanda de desahucio por precario que el propietario del palacio de Campos, en Tapia, presentó contra las guardesas del inmueble quedó ayer visto para sentencia en Castropol. El dueño, el catedrático de Historia Gonzalo Anes, quiere que las cuatro mujeres que residen en el palacio lo abandonen, mientras que las demandadas defienden su derecho a residir en el mismo o, de lo contrario, a percibir una indemnización por el cuidado del inmueble.
El juzgado de Castropol, donde ayer se celebró el juicio civil, decidirá en los próximos días si las guardesas del palacio tienen algún título que justifique que vivan en el palacio o si por el contrario deben desalojarlo. La defensa de las guardesas atiende a la relación laboral que la familia mantiene con el propietario desde hace décadas en concepto de limpieza y mantenimiento del inmueble, además de la existencia de un contrato de arrendamiento de tierras entre demandante y demandado. Por el contrario, el demandante alude al mal estado en el que se encuentra el inmueble para pedir su desahucio. Gonzalo Anes ha preferido no hacer ningún tipo de declaración al respecto.
Las demandadas son Cecilia López, M.ª Carmen Martínez, Rocío Fernández y Rogelia Martínez que se criaron y viven en el palacio en el que ya habían trabajado otras dos generaciones anteriores de su familia. La primera en trabajar en el palacio fue la abuela de Cecilia, cuando el caserío, propiedad del Marqués de Santa María del Villar, era administrado por Los Magdalenas. El palacio, de 1.740 metros cuadrados habitables y una hectárea y media de finca, ha contado con el cuidado de la familia de Cecilia López, que se jubiló como encargada del servicio. Sin embargo, tras su jubilación, el contrato no se amplió en concepto de encargada a su hija Mª Carmen Martínez.
En el año 1984 el palacio pasó a manos de Gonzalo Anes. Según éxtas, el propietario y las mujeres tuvieron buena relación durante dos décadas. Siempre según la versión de las mujeres, Mª Carmen Martínez llegó a poner en marcha una ganadería con el beneplácito del dueño. Y añaden que posteriormente Anes pidió a la mujer que dejara la ganadería a cambio de darle un sueldo como cuidadora. A partir de este momento, cuentan las mujeres, empezaron los problemas.
«Nos acosó para que nos marcháramos, cambiando cerraduras, llevándose cosas sin decirnos nada y hasta intentando meter a otros inquilinos a vivir aquí», cuentan. Explican que esta situación les llevó a presentar una demanda por acoso contra el propietario. Esta segunda demanda, en el ámbito de lo penal, está en la primera fase de instrucción y no tiene nada que ver con el juicio por desahucio celebrado ayer en Castropol.
