Oviedo, L. Á. VEGA

Ni malversación de caudales públicos, ni cohecho, ni estafa, ni apropiación indebida. El Fiscal Superior de Asturias, Gerardo Herrero, estima que el alcalde de Cudillero, el socialista Francisco González, no cometió delito alguno con la cuenta que tenía abierta para las fiestas, pese a que ésta estaba a nombre del Ayuntamiento y la corporación no tenía conocimiento alguno de ella. Para Gerardo Herrero, la cuenta no recibió fondos públicos -salvo en una sola ocasión- y el dinero de la misma se destinó a una actividad ajena a la municipal, que puede entenderse como privada, como es la organización de las fiestas. Por todo ello, el Fiscal archiva las diligencias de investigación abiertas a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de julio por la portavoz del PP en el ayuntamiento , María del Carmen Pérez García de la Mata.

Sin embargo, Francisco González no se libra de un pequeño tirón de orejas. En su decreto, Herrero señala que «podrá ser discutible la oportunidad e idoneidad de abrir una cuenta a nombre del Ayuntamiento para la práctica de una actividad perfectamente reseñable como privada y más cuestionable sería su perpetuación una vez creado un organismo ciudadano encargado de la gestión festiva, cual es la comisión de festejos, pero no se aprecia, en sí misma, que en esa falta de comunicación y consiguiente intervención exista responsabilidad penal. Podrá existir otro tipo de responsabilidades, pero no penales».

El fiscal analiza los hechos desde dos perspectivas. En primer lugar descarta que se haya producido malversación de caudales, puesto que «no estamos ante dinero público en la medida que la cuenta en cuestión no se nutriría en ningún caso de los presupuestos municipales y su destino no sería la actividad propia del Ayuntamiento, sino un ámbito ajeno a la gestión del mismo». No obstante, «la única excepción se produciría en el año 2004, cuando el Ayuntamiento aprobó la concesión de una subvención a favor de la Comisión de Festejos que se ingresó en la cuenta». El resto de las cantidades que engrosaron la cuenta, continúa el Fiscal Superior, «provendrían de la cuestación pública». Por tanto, «no se trataría de caudales públicos, ni por incorporación ni por destino».

En segundo lugar, Herrero señala que «sólo formalmente la cuesta sería de titularidad municipal». El alcalde Francisco González ya explicó cuando surgió el escándalo que la cuenta fue puesta a nombre del Ayuntamiento de Cudillero por un error de la entidad bancaria.

Para Herrero, «se aportan soportes documentales suficientes respecto a las salidas de dinero de la cuenta», que «no pueden reputarse como sorprendentes o inadecuadas pare el fin al que en principio estarían orientadas». El Fiscal enumera una serie de pagos que han sido demostrados documentalmente por el alcalde, como pirotecnia, actuaciones musicales, iluminación festiva, regalos e invitaciones protocolarias ligadas a las fiestas, transportes, cartelería, fotografía, montaje de escenarios...

«Las salidas monetarias más cuantiosas tendrán como destino la Comisión de Festejos, una vez constituida ésta en el año 2004, para cuya justificación se aportan documentos mercantiles y bancarios y reconocimiento de recepción por parte del presidente de la Comisión de Festejos cuando la detracción de haberes se efectuó por vía de reintegro en la cuenta», indica el decreto. El Fiscal entiende que las entregas de cantidades se realizaron al denunciado para cuestiones ajenas a su cargo, y no en consideración al mismo, y no consta que desviara las mismas en su lucro personal».

Por otro lado, el letrado del Ayuntamiento, Jesús Núñez, confirmó ayer que el sargento de la Policía Local, incurso en un proceso por cohecho, durante el cual salió a relucir la cuenta de fiestas del alcalde González, ha sido suspendido definitivamente del servicio, un acto administrativo que ha confirmado recientemente el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Oviedo.

Este órgano judicial considera que los hechos por los que se juzga al sargento son de una gravedad suficiente como para justificar la suspensión, que deberá durar hasta el momento en que haya una sentencia definitiva en el proceso por cohecho. Un jurado popular dirimirá en la Audiencia Provincial de Oviedo si el sargento pidió dinero a los comerciantes cudillerenses, tal como sostiene el Ayuntamiento, hecho que motivó la apertura de diligencias.