2009
Tras un acuerdo plenario se revoca la licencia. La empresa acude a los tribunales para que dirimieran si la obra se ajusta a la legalidad. Los informes municipales y el gobierno de Valdés, del PSOE, consideran que no lo hacía.
2011
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo da la razón a la promotora, respada su proyecto y rechaza argumentos del ejecutivo local. La firma exige una indemnización de 3,1 millones.
