Luarca (Valdés),

A. M. S.

La constructora Valdesana de Viviendas ha valorado en 3,1 millones de euros los daños y perjuicios ocasionados a la empresa por la decisión del Ayuntamiento (entonces en manos del PSOE) de revocar la licencia de obra al proyecto. Una sentencia dio la razón a la empresa y considera el proyecto se ajustó a la legalidad. El gobierno de Juan Fernández Pereiro retiró la licencia al no pensar lo mismo.

Tanto a nivel político como técnico (según informes del arquitecto municipal) el edificio excedía lo marcado en el plan urbano y era «lesivo para el interés público». Un falló judicial dictó lo contrario y ahora la empresa reclama al Ayuntamiento -en manos del tripartido Foro Asturias, Partido Popular, Unión Renovadora Asturiana- una cuantía en concepto de indemnización.

El Ayuntamiento estudiará la propuesta de la empresa, según el Alcalde, José Modesto Vallejo, quien considera la cantidad «desmesurada». El gobierno tendrá que hacer frente a la indemnización, pero antes quiere agotar la vía del diálogo. La empresa podría recurrir a los tribunales en caso de no estar de acuerdo con la contraoferta del Ayuntamiento, teniendo una sentencia como aval que garantiza que la licencia se ajustaba a la legalidad.

Un indemnización millonaria afectaría gravemente a las arcas municipales. El gobierno intentará «negociar una cantidad razonable», según Vallejo. El Alcalde también estudiará si hay responsabilidad política y no sólo administrativa en este asunto ante su preocupación, que ya dejó entrever en los últimos plenos.

En la última sesión de diciembre, y a propuesta de una moción de IU, se aprobó destinar una partida del presupuesto municipal a contratar a un gabinete externo que estudiará estos casos y asesorará sobre responsabilidades políticas y administrativas.