Grado, Ignacio PULIDO

«No se cometió ningún delito ni cosa que se le parezca», sostuvo ayer Alberto Díez de Tejada, edil socialista del Ayuntamiento de Salas, quien prestó ayer declaración en el Juzgado de Grado, en calidad de testigo, de un presunto delito de prevaricación administrativa, falsedad documental y tráfico de influencias del que se acusa al ex alcalde salense, José Manuel Menéndez, y a la ex concejala del PSOE Susana Álvarez. Ambos han sido demandados por el actual regidor, Sergio Hidalgo (FAC). Con Tejada declararon el secretario municipal y los miembros de la junta de gobierno.

Fue una declaración de unas dos horas. Díez de Tejada negó que el ex alcalde y la ex concejala cometiesen algún delito y advirtió de que será el juez el encargado de determinar si los dos acusados son culpables o inocentes de los cargos que se les imputan. Sergio Hidalgo sostiene que el ex alcalde, José Manuel Menéndez, otorgó de modo irregular un puesto de trabajo inexistente, denominado «Coordinadora del Centro Socio- Cultural de Cornellana», a la ex concejala Susana Álvarez tras dimitir ésta de su cargo.

El pasado mes de septiembre, el regidor rebajó a Álvarez a su puesto de trabajo originario en el servicio de limpieza municipal tras detectar el presunto delito.

Tras ser degradada, Álvarez presentó una reclamación al considerar lesionados sus derechos y en su defensa aportó una supuesta resolución de Alcaldía que le otorgaba el puesto de categoría superior, firmada por José Manuel Menéndez. Después de cuatro semanas sin ser restituida como coordinadora, la ex edil de Servicios Sociales interpuso una demanda judicial por vía laboral contra el Ayuntamiento.

Durante la vista, el Consistorio señaló que tal resolución no figuraba en el libro oficial de decretos y resoluciones. Fue entonces cuando el Juzgado invitó al Ayuntamiento a interponer una demanda puesto que los hechos pueden ser constitutivos de delito.

Hace apenas un mes, José Manuel Menéndez y Susana Álvarez prestaron declaración en el Juzgado de Grado en calidad de imputados. El anterior regidor señaló que «nunca existió una resolución como tal, sino un oficio en el que se detallaba las actividades a desempeñar y horario del nuevo puesto de la ex edil» y añadió que «el proceso se realizó de forma transparente y en ningún caso se buscaron beneficios personales».