Cangas del Narcea,
Pepe RODRÍGUEZ
El Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo ha declarado improcedente el despido de una trabajadora del Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Lo hace porque considera probado que el contrato inicial laboral suscrito con dicha trabajadora, realizado por el anterior gobierno cangués (IU), fue «fraudulento». Por esto, el Ayuntamiento optará por abonarle la correspondiente indemnización de 45 días de salario por año de servicio.
La juez desestimó la solicitud de nulidad del despido que había formulado esta técnica de informática. La trabajadora exigía la reincorporación a su puesto de trabajo con petición de indemnización de daños causados. La despedida alegó vulneración de la garantía de indemnidad y discriminación ideológica al aducir estar afiliada políticamente a IU. La juez señala en la sentencia que no existe indicio razonable alguno al respecto.
José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas (PP), valora de forma positiva el contenido de dicha sentencia que confirma, en su opinión, que por parte de la actual Corporación se actuó siempre correctamente en defensa de los intereses del Ayuntamiento al despedir a dicha persona por causa de la reincorporación del trabajador municipal al que sustituía.
Señala Fontaniella: «Resulta reprochable la actitud de IU de Cangas del Narcea al intentar politizar un conflicto laboral personal en contra de los intereses generales del Ayuntamiento, y que fue escenificado con la presencia del grupo municipal y de su coordinador local en el acto de juicio».
Pero para el alcalde cangués no sólo esa politización es grave, sino que lo es aún más al provenir de un acto de irresponsabilidad del portavoz, José Manuel Martínez: «Que el anterior Alcalde de IU, José Manuel Martínez, sea el responsable de que el despido que nos ocupa fuese declarado improcedente es lo más grave.
Porque a Fontaniella le parece muy serio que, en plena época de crisis y recortes económicos en las administraciones locales, la justicia declare a un Ayuntamiento como contratante fraudulento: «A consecuencia de su política de contrataciones laborales irregulares, de la de Martínez, el Ayuntamiento ha de abonar, con el dinero público de todos los vecinos, una indemnización de 45 días de salario por año de servicio a la trabajadora despedida»
