Luarca (Valdés),

A. M. SERRANO

La reclasificación del jefe de la Policía Local de Valdés, Roberto Martínez, ha sido anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Del fallo se desprende que el agente subió de categoría por una decisión política contraria al ordenamiento jurídico porque el promocionado carecía de la titulación necesaria (título universitario de grado). Además, el ascenso se aprobó tras ignorar un informe negativo del interventor de fondos y con la discrepancia expresa de la mesa de negociación colectiva.

La sentencia entiende que el curso organizado por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) al que asistió el agente, «Escala Técnica. Integración de los Funcionarios de los Cuerpos de Policía Local», «no es suficiente a los efectos pretendidos» y no permite «el cambio de grupo asignado originariamente». De acuerdo con estos argumentos, el acuerdo plenario de 27 de mayo de 2010 se anula por ser «contrario a derecho». El jefe de la Policía Local pasará a ser del grupo C1 y no del A2, al que pertenecía desde dicho acuerdo. Contra la sentencia sólo cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Comisiones Obreras de Valdés, sindicato que abogó por dejar sin validez el acuerdo plenario que cambiaba de grupo retributivo al jefe policial y que posteriormente presentó el recurso, lamentó ayer la situación creada y criticó «la irresponsabilidad de los políticos, que es la culpable». Una vez que el fallo le ha dado la razón, el sindicato pide consecuencias: «Ahora pedimos que se asuman responsabilidades, como poco, políticas. Es decir, algún político debería dimitir porque se saltaron el ordenamiento jurídico».

Por su parte, el agente afectado muestra su perplejidad por el hecho de que un sindicato presente un recurso «para perjudicar a un trabajador». Lo que no queda claro es si la sentencia obliga al jefe de la policía a devolver lo que ha percibido de más desde mayo de 2010 por estar integrado en un grupo que no le corresponde por su titulación académica. Se estima que el ascenso de categoría le ha supuesto unos 200 euros más al mes.

Según CC OO de Valdés esta sentencia es ejemplar porque apunta a las decisiones políticas, «que muchas veces son contrarias a la ley y no pasa nada porque nadie hace nada al respecto».