Tapia rebajará la inversión y los sueldos para ahorrar 3,8 millones en 10 años

El concejo busca financiación para abonar los 2,7 millones que debe a 168 proveedores l «Habrá que tomar decisiones dolorosas», advierte el Alcalde

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Tapia de Casariego,

T. CASCUDO

El Ayuntamiento de Tapia debe 2.716.140 euros, repartidos en 1.012 facturas que adeuda a un total de 168 proveedores. Para resolver esta frágil situación financiera y sanear las arcas municipales el pleno aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos un plan de ajuste, que obligará a Tapia a ahorrar en 10 años unos 3,8 millones de euros. De este modo podrá cumplir con el Real Decreto aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy.

La cifra que Tapia debe ahorrar da vértigo si se compara con el presupuesto municipal que maneja el consistorio y que ronda los 4, 1 millones de euros. Así pues, el pago de las facturas atrasadas obligará a Tapia a contraer un nuevo crédito que según los cálculos del Ayuntamiento tendrá un coste de 11.300 euros al mes los dos primeros años y a partir de la mensualidad 25 exigirá un pago de 34.000 euros. A esta cifra hay que sumar los otros tres créditos que arrastra el consistorio y por los que paga al mes 24.435 euros

El Alcalde de Alternativa por Tapia (APT), Manuel Jesús González «Cuco», pidió ayer el compromiso de todos los grupos municipales para sacar adelante un plan de ajuste que marcará la próxima década. «No va a bastar con pequeños recortes en gastos superfluos, habrá que revisar a fondo el equilibrio entre ingresos y gastos en todos los conceptos y tomar decisiones dolorosas», insistió el regidor.

En el pleno APT, PSOE, FAC y PP, con la abstención del edil no adscrito Ernesto Maseda, aprobaron además la caducidad de una serie de facturas por importe total de 164.048 euros.

El plan de ajuste de urgencia aprobado ayer será sustituido en un plazo de entre tres y seis meses por otro más ambicioso. El equipo de gobierno planteó algunas de las medidas que podría recoger el plan definitivo y que pasan por recortar gastos en la mayor parte de las partidas. En general se llevará a cabo una «reducción drástica de la inversión» con el objetivo de ahorrar 250.000 euros, según los cálculos iniciales del consistorio.

En lo que se refiere al personal municipal, la propuesta pasa por no convocar las plazas de quienes se jubilen en los próximos años y también por reducir la plantilla de socorristas contratada para el verano. Además, se plantea un recorte salarial para el personal municipal y los ediles con dedicación de entre el 5 y el 7%, lo que podría suponer un ahorro de entre 80.000 y 85.000 euros. Se propondrá también que los concejales renuncien a las dietas lo que permitirá ahorrar 2.000 euros.

Tapia también quiere reordenar los servicios deficitarios como es el caso de la Escuela de Música, que arrastra el déficit más elevado con 42.368 euros. No obstante, la subida de tasas recién aplicada permitirá reducir el saldo negativo hasta casi la mitad. Le sigue el polideportivo que tiene una desviación anual de 33.212 euros o la biblioteca con 33.214 euros.

También se plantea una revisión catastral para que no haya viviendas que no paguen y se podría subir el impuesto de vehículos. La tasa por licencias urbanísticas podría subir del 4,5% al 5%. El equipo de gobierno confía en que la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permita a Tapia disponer de ingresos en materia de licencias de obra. Asimismo, entre las ideas para sumar nuevos ingresos está la creación de nuevas tasas como la del uso de espacios públicos.

En otro orden de cosas, el pleno extraordinario de ayer sirvió para acordar que el Ayuntamiento se personará en el contencioso contra el acuerdo municipal que recusó al regidor. Tres ediles, María Antonia Fernández y Carmen López, de APT, y la socialista Ana Vigón impugnaron el segundo punto del orden del día del pleno, con lo que llevan al Ayuntamiento a juicio. En el debate de este punto las tres concejalas se ausentaron y PP, FAC y el edil Ernesto Maseda aprobaron delegar la defensa municipal a la procuradora Azucena Suárez y al letrado Fernando Mora.

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