Tapia de Casariego,
T. CASCUDO
La Asociación de Amigos de la Naturaleza (ANA) reclama al Principado que paralice la tramitación del permiso de investigación «Sallave» solicitado por Astur Gold -la propietaria del yacimiento aurífero tapiego- con el objeto de investigar las reservas de oro de 100 cuadrículas de terreno en suelo de Tapia, Castropol y El Franco. ANA acusa a la empresa minera de «indefinición» de la superficie que pretende investigar: «De un modo vergonzoso e increíble, la definición gráfica de la solicitud del Proyecto de Investigación no coincide con la documentación del propio proyecto ni con el estudio de impacto ambiental del mismo. Es decir, el análisis ambiental no se aplica a la solicitud», señalan los ecologistas.
El colectivo también incide en que no se realiza un estudio específico de las afecciones a la Red Natura 2000 y acusa a la compañía minera de presentar un estudio «inconcreto». ANA, junto a otros colectivos y partidos, como Izquierda Unida, también ha presentado alegaciones contra la segunda campaña de sondeos que tramita Astur Gold. Ha centrado su principal crítica en «la indefinición» de la zona objeto de estudio. Según explica la empresa en el proyecto, la localización exacta de los sondeos «podrá variar debido a consideraciones técnicas y logísticas», algo que para los ecologistas es «inaceptable. Si hay cambios, procedería un nuevo trámite ambiental», argumentan.
Los responsables de ANA se muestran críticos con el hecho de que en el mismo espacio de tiempo hayan coincidido las tramitaciones del nuevo permiso de investigación, de la nueva campaña de sondeos y del proyecto de minería interior para explotar el yacimiento de Salave. Aseguran que esta concordancia temporal busca «generar plusvalías sin pretender la explotación real del yacimiento».
Por su parte, Astur Gold ha salido al paso de las críticas de las agrupaciones ecologistas lamentando la «falta de rigor de reducidos colectivos que, bajo la apariencia ecologista, poseen un radicalismo estéril y paralizante, nada acorde con los tiempos, en los que es necesario compatibilizar el desarrollo de actividades generadoras de empleo con el mayor respeto al entorno». La empresa minera ha reiterado su «firme voluntad de cumplir escrupulosamente las prescripciones medioambientales» y defiende la «profesionalidad, objetividad y defensa de los intereses generales» con las que trabaja la Administración.
