Un jurado popular ha dictado hoy en la Sala Tercera de la Audiencia Provincial, por unanimidad, un veredicto en el que considera no culpable de cohecho al sargento jefe de la Policía Local de Cudillero, suspendido de funciones desde 2009, porque ve "incongruentes" las pruebas testificales.

Los nueve miembros del jurado, reunidos durante casi cuatro horas, han motivado la decisión en la incongruencia de los detalles de los testigos sobre cuándo y cómo, según decían, pidió dinero negro a una asociación organizadora de unas fiestas patronales para que los agentes hicieran horas extras.

Además, el jurado ha resaltado que los testigos aportados por la acusación (el Ayuntamiento) tenían todos "intereses" con el consistorio, entre ellos los policías que han testificado contra su exjefe, pues eran auxiliares en 2009 y luego han obtenido plaza como agentes, incluidas dos sin cumplir todos los requisitos.

El sargento, P.I.F.M., estaba suspendido de empleo y sueldo desde hace casi tres años y se enfrentaba a una multa de 12.000 euros solicitada por la acusación y, en principio, por la fiscalía, que durante la vista oral, iniciada el pasado lunes, retiró los cargos al parecerle creíbles los testimonios.

"Es una alegría total el hecho de que nueve personas se den cuenta de que he sido inocente y de que se me ha castigado durante tres años", ha dicho el sargento a la prensa en el Palacio de Justicia de Oviedo, antes de añadir un agradecimiento público a sus abogados, al sindicato de policías locales (Sipla) y al PP pixueto.

El sargento, guardia civil en excedencia, ha avanzado que su pretensión es volver a ejercer en la Policía Local de Cudillero.

"La plaza es mía y como mía voy a pelear por ella", ha dicho, mientras que su abogado Gonzalo Botas ha explicado que en cuanto tengan por escrito la sentencia absolutoria acudirán al juzgado de lo contencioso-administrativo que lleva la suspensión de empleo y sueldo para solicitar la suspensión.

"Del tiempo que ha estado suspendido de empleo y sueldo alguien va a tener que hacer frente a esas cantidades", ha señalado Botas para adelantar que iniciarán un procedimiento de responsabilidad patrimonial en el que el alcalde, Francisco González Méndez, podría ser responsable solidario con el Ayuntamiento.

Según el abogado, el veredicto unánime respalda que en Cudillero existe "un estado de corrupción generalizado", como se ha puesto en evidencia en el juicio por los reconocimientos de pagos ilegales, por lo que el Ayuntamiento tendrá más causas judiciales abiertas.

De hecho, Botas ha avanzado que va a solicitar los testimonios pormenorizados de los testigos y una licencia para actuar contra ellos por haber actuado por precio o recompensa en las declaraciones en contra del reo. EFE