21 de mayo de 2012
21.05.2012

Hombre al agua en Cudillero

El joven socorrista J. S. B. denuncia que el alcalde pixueto le despidió, le acosó y le dejó impagos tras unas manifestaciones públicas de crítica

21.03.2012 | 04:41
Francisco González. | s. a.

Cudillero, Sara ARIAS


Los conflictos judiciales florecen en el Ayuntamiento de Cudillero. Un socorrista, ex trabajador municipal, J. S. B., denuncia que fue sometido a una campaña de acoso por parte del alcalde del concejo, Francisco González (PSOE), a raíz de unas declaraciones aparecidas en un diario de tirada nacional en el que insinuaba el mal funcionamiento de la administración local. Tras ser despedido verbalmente por el regidor, el joven regresó al día siguiente al trabajo, para recibir varios expedientes disciplinarios y una situación de presión que le obligaron a coger la baja, según su versión. Ahora, J. S. B. reclama judicialmente el pago de 613 euros que asegura se le deben de la nómina de agosto.


La pesadilla para el denunciante comenzó el pasado 11 de agosto de 2011. J.S.B., socorrista en la playa de San Pedro con un contrato de dos meses (julio y agosto), fue llamado al despacho del regidor, donde, según la versión del demandante, éste lo despidió sin más explicación ni justificación de ningún tipo. J.S.B, cree que la decisión fue tomada de manera arbitraria, ya que ese mismo día se había publicado en un diario de tirada nacional un reportaje con los socorristas de la playa cudillerense, en el que estaban pintando las casetas de la playa. El chico, al ser preguntado por los periodistas, dejó entrever que el Ayuntamiento no funcionaba bien, aunque no lo indicó de manera explícita.


Por recomendaciones de sus allegados, el joven de 21 años volvió a trabajar al día siguiente, ya que el despido había sido verbal. Ese mismo día también presentó una reclamación porque se le incoó un expediente disciplinario por «los hechos acaecidos el 9 y 10 de agosto», aunque el expediente no explica que incidentes son. Por ello, el joven alegó pidiendo explicaciones. Sus familiares afirman que nunca llegó ninguna respuesta. También detallan que, al verse saturado y desbordado por la situación, el denunciante solicitó una baja por depresión del 12 al 29 de agosto.


El día 31 de agosto, cuando finalizaba oficialmente su contrato con el Ayuntamiento, y sin haber recibido respuesta ni del despido verbal ni del expediente, se le notifica la extinción del contrato. Por esta razón, no siguió adelante con la demanda por despido improcedente que estaba en marcha.


El siguiente hecho se produce el día uno de septiembre, cuando el Ayuntamiento de Cudillero envía al domicilio de J.S.B. un documento en el que se le informa que ha puesto en conocimiendo del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y de la Inspección Médica su comportamiento durante la baja, que cree fraudulenta. Por ese motivo, el Consistorio le informa también de que se suspende cautelarmente el abono de los días de baja. El SESPA respaldó la denuncia municipal por baja fraudulenta, ya que el joven había jugado un partido de fútbol en los días que se encontraba de baja. Pero J. S. B. recurrió la decisión en el Juzgado número de dos de Avilés, que el pasado 9 de febrero dio la razón al socorrista.


El caso es que la nómina de agosto le llegó al joven con el descuento de los días de baja como faltas injustificadas. Una cantidad de 613 euros que el socorrista exige en un juicio que se prevé para mayo. «Considero que todo lo que pasó fue una decisión arbitraria del alcalde, son muchas coincidencias, se publica lo del periódico y justo lo llaman y lo despiden verbalmente», opina su padre, S.B.


Los frentes judiciales se le acumulan al gobierno municipal. A principios de febrero de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sentenció que la tramitación del expediente disciplinario interpuesto al ex sargento de la Policía Local de Cudillero, Prudencio Iván Flórez, por el que quedaba suspendido de empleo y sueldo, no dio oportunidad de defensa al agente. Pese a todo, Flórez sigue suspendido de empleo y sueldo al estar imputado en un caso por cohecho.

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