Avilés,
Marta PÉREZ
La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Grandas de Salime, María José Pérez Paz, y el alcalde de Grandas, Eustaquio Revilla Villegas (PSOE), se vieron ayer las caras en los juzgados de Avilés. La edil se sentó en el banquillo de los acusados para responder por un delito de calumnias que le imputa de la Fiscalía del Principado, tras una denuncia formulada por Revilla, que también se personó como acusación particular en la causa al entender que la edil le causó «daño moral» cuando manifestó en un Pleno municipal que el regidor grandalés podría estar prevaricando.
Durante la vista oral celebrada ayer en Avilés, María José Pérez Paz, representada por el abogado Rodolfo Argüelles, aseguró que, en su opinión, «prevaricar significa no hacer las cosas bien a sabiendas de que no se están haciendo bien» y que, en cualquier caso, mantiene esta opinión, aunque no pretendía con ella «causar daño».
Las afirmaciones realizadas por la concejala se remontan a un Pleno ordinario celebrado para debatir sobre el uso de una subvención del Principado para la Indicación Geográfica protegida (IGP) de la patata de Grandas.
En el juicio no declaró finalmente en calidad de testigo Eustaquio Revilla, por un defecto de forma, al estar presente en la vista mientras declaraban Pérez Paz y el resto de los testigos, en este caso el otro concejal del PP en Grandas, José Cachafeiro Valladares. El testigo, presente en el Pleno municipal aquel día, aseguró que «en los Plenos se oye de todo, a mí han llegado a tratarme incluso de inmoral, pero las cosas siempre se han quedado en el Pleno, no salen de ahí».
Tanto la Fiscalía como la acusación particular elevaron a definitivas las conclusiones de sus escritos de acusación. En el caso del Ministerio público se solicita como condena el pago de una multa de 3.240 euros (nueve meses con una cuota diaria de 12 euros), junto con el pago de las costas procesales. Por su parte, la acusación particular reclama una multa de 21.600 euros (una cuota diaria de 30 euros durante 24 meses), una indemnización de 3.000 euros a Eustaquio Revilla, así como el pago de las costas.
Por su parte, el abogado defensor ha pedido la libre absolución para su clienta, quien ha manifestado que «las declaraciones se hacen en el seno de un debate político, donde la acusada tenía la obligación de denunciar irregularidades que luego fueron avaladas en el informe del secretario municipal».
El juicio en el que el presidente de la sala confundió varias veces la patata de Grandas con la de Corvera (un lapsus) ha quedado visto para sentencia.
