Tapia de Casariego,
T. CASCUDO
La empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico -filial de Astur Gold- deberá elaborar un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de explotación por interior del yacimiento aurífero de Salave (Tapia). Así lo ha decidido la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que ayer, publicó en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA), un documento en el que se detalla el alcance que debe tener el estudio ambiental.
Astur Gold da un nuevo paso en la tramitación de su proyecto para explotar por una galería subterránea de 2,7 kilómetros el oro que se esconde bajo los lagos de Silva, uno de los mayores yacimientos de Europa.
La Coordinadora Ecologista está disconforme por la «celeridad» del gobierno del Principado en funciones resolver este trámite «sin atender las justas peticiones de que la empresa presentase un adecuado estudio para subsanar las notables deficiencias en esta fase previa». La coordinadora considera que el Principado debió exigir una documentación más exhaustiva.
En el BOPA se detalla el contenido del estudio de impacto ambiental que, como premisa fundamental, «deberá minimizar los potenciales impactos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones formuladas en la fase de consultas previas». Desde Astur Gold indican su «firme voluntad de cumplir escrupulosamente todas las prescripciones medioambientales». La minera ha contratado a la empresa Congeo para elaborar este documento que esperan tener listo en un mes.
El pasado enero el Principado abrió la tramitación del proyecto con la fase de consultas previas del denominado «Documento inicial para la evaluación de impacto ambiental del proyecto minero de explotación por interior del yacimiento de Salave». El documento exponía las infraestructuras necesarias para poner en marcha una explotación subterránea para explotar 10 toneladas de oro en diez años.
En las sugerencias que los colectivos remitieron al Principado figuran aspectos como la posible incompatibilidad del proyecto con la normativa urbanística del concejo tapiego, la escasa definición de las afecciones al sistema hidrológico de la zona o la poca concreción sobre la gestión del agua, los explosivos o las sustancias tóxicas.
