Astur Gold tiene 5 años para abrir Salave antes de que caduque el permiso ambiental

T. CASCUDO

La empresa aurífera Astur Gold tiene un plazo de cinco años a contar desde ayer para ejecutar el proyecto minero de Salave (Tapia). Es el plazo que la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente concede a la minera antes de que caduque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

El documento, con fecha 20 de diciembre de 2012, se publica casi dos meses después de que fuese abordado en la Comisión de Asuntos Medioambientales del Principado de Asturias (CAMA) del 27 de noviembre. No hay cambios sobre lo anunciado entonces: se autoriza la galería subterránea de explotación pero se deniega la galería complementaria de investigación, la planta de tratamiento y la balsa de cianuro.

Con la publicación en el BOPA, la DIA entra en vigor, sin que sea posible el recurso. La Consejería de Fomento cierra así el expediente minero, que se traslada a la Consejería de Economía y Empleo. Será la Dirección General de Minería la encargada de conceder la autorización administrativa para la explotación de Salave. Fuentes de esta Consejería indican que ahora la empresa Astur Gold debe «adaptar el proyecto tal y como le exige la DIA», antes de recibir la autorización administrativa, trámite que tendrá el correspondiente proceso de información pública.

La minera explicó ayer que lleva semanas trabajando en la adaptación del proyecto de cara a «cumplir en su totalidad los exigentes requisitos señalados en la DIA». La empresa, que se muestra dispuesta a desarrollar un proyecto responsable y sostenible, dice que está realizando trabajos de campo que abordan aspectos «hidrológicos, hidrogeológicos y geoquímicos» y aspira a tenerlos listos a finales de marzo para remitirlos a «los organismos competentes».

Astur Gold no abunda más en cómo serán los cambios introducidos en el proyecto final, si bien cabe esperar que la reformulación vaya en la línea de lo anunciado en diciembre. La minera afirmó que renunciaría al tratamiento con cianuro en Tapia y que optaba por simplificar la planta de tratamiento para producir un concentrado de flotación que se enviaría a una fundición para culminar el proceso.

Al margen de los trámites en Medio Ambiente y Minería, hay otros organismos que también deberán conceder permisos a la minera antes de comenzar a trabajar, como es el caso de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), que debe conceder una autorización de vertido al dominio público hidráulico, o el propio Ayuntamiento de Tapia, que sigue mantiendo que el suelo en el que se proyecta la mina es Suelo No Urbanizable (SNU) de Interés Agrario, lo que prohíbe cualquier explotación minera.

Tras hacer oficial la publicación del documento ambiental, una de las primeras reacciones fue la de la Coordinadora Ecologista de Asturias, una de las entidades más combativas con el proyecto minero. El colectivo sostiene que el documento ambiental es «una demostración más de ilegalidad por parte del Principado, que trocea el proyecto que se presentó, lo que no es legal». Para el portavoz de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo, el plan minero debió de denegarse en su totalidad, obligando a la empresa a presentar «un proyecto diferenciado para la mina subterránea».

Pontigo reprocha al Principado que no haya tenido en cuenta las posturas de los 561 alegantes ni tampoco de la Confederación Hidrográfica, que consideró «insuficiente» el proyecto de Astur Gold. La Coordinadora reprocha también a la administración que haya demorado en exceso la publicación del trámite ambiental, aspecto criticado esta semana por la plataforma «Oro No», que canaliza la oposición vecinal al proyecto minero. El colectivo, que acusó al Principado de no permitirle acceder al expediente pese a ser parte intersada, no ha querido entrar a valorar el texto de la DIA pero sigue mantiendo su intención de ejercer «todas las acciones judiciales a su alcance» para impedir el proyecto de Salave, que considera «inasumible».

El documento hecho público ayer por el Principado incluye los 49 condicionantes que LA NUEVA ESPAÑA ya adelantó en exclusiva el pasado noviembre. Se trata de medidas impuestas para garantizar «la sostenibilidad del proyecto, su integración y su compatibilidad con la protección del medio ambiente y de los recursos naturales». Las medidas van encaminadas a proteger el sistema hidrogeológico, la flora, la fauna y el suelo, a reducir las afecciones a la atmósfera, a los bienes culturales y arqueológicos y al paisaje y a reducir el ruido y las vibraciones.

Además, se exige a Astur Gold un plan de mejora ambiental para las lagunas de Salave que incluye la creación de un anillo forestal de 500 metros de radio. El objetivo es lograr una mejora ambiental a lo largo de 10 o 12 años. Junto al plan de mejora ambiental, la minera deberá desarrollar un plan de vigilancia ambiental que funcionará durante la fase de construcción y explotación. Por último, se exige a Astur Gold la elaboración de un nuevo Plan de Restauración, que recoja el alcance de la Declaración de Impacto. En el documento se explica que la minera ya planteó un plan en este sentido con un presupuesto de 5,4 millones de euros.