Cangas del Narcea,

Pepe RODRÍGUEZ

La comarca suroccidental de Asturias vive con angustia la situación de la minería. No en vano se trata del final del sector económico que ha sustentado a los habitantes de este olvidado rincón de Asturias durante al menos las cuatro últimas décadas. Hace ya mucho tiempo que se sabía que el carbón se acabaría. Numerosos planes y proyectos vinculados a los fondos mineros han tratado, al menos sobre el papel, de crear un sector económico alternativo que permitiera a los concejos del Suroccidente subrevivir cuando las minas se acabasen. Sin embargo, se ha llegado al día de hoy y, se culpe a quien se culpe, a los gobiernos, a los empresarios o a los organismos responsables de impulsar esa tarea, lo cierto es que el fin de la minería parece haber llegado. Y no hay ninguna alternativa.

El cierre de las minas significa, nada menos, que el suroccidente de Asturias se va a quedar sin su principal actividad económica, que da empleo en la actualidad a unos 300 mineros, una cifra importante pero reducida si se compara con el millar de puestos de trabajo que sustentaba el sector hace tan sólo tres años.

Este cierre estaba previsto para el año 2018, pero las circunstancias han adelantado la medida. La decisión del gobierno central de cerrar el grifo de las ayudas y la del empresario leonés Victorino Alonso (propietario de la mayoría y de las más grandes explotaciones) de proponer Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de extinción masivos para sus trabajadores han arrastrado a la economía del Suroccidente a una muerte súbita prematura.

Ibias y Degaña son los concejos que más sufren el problema. Tineo y, en mucha menor medida, Cangas del Narcea tienen pequeñas industrias y empresas, polígonos industriales, que aún pueden trabajar y ofrecer empleo. A este respecto, parece que Tineo es el municipio suroccidental que mejor puede sobrevivir al hundimiento de la minería. Por el contrario, la vida económica de Ibias y, sobre todo, de Degaña depende casi por completo de la extracción de mineral, ya sea por empleos directos e indirectos o por la actividad económica que genera el dinero que circula en torno a las minas. El cierre de los pozos plantea directamente el riesgo del despoblamiento y el abandono de la zona.

Paradójicamente, en Cerredo (Degaña) se encuentra uno de los mayores y más modernos pozos mineros de España, y el que más trabajo daba. El pozo-plano inclinado de Cerredo, de la empresa de Alonso Coto Minero Cantábrico, tenía previsto emplear, según se proclamó en su inauguración, a unas 800 personas. Había recibido una inversión de 45 millones de euros, en gran parte subvencionados con dinero público, para convertirse en el paradigma de la minería moderna. El trabajo estaba asegurado para varias décadas, y también se daba por cierta su rentabilidad más allá de 2018. Desde que se hiciera la promesa de los 800 puestos de trabajo, en Cerredo llegaron a juntarse hasta 400 mineros, la mayoría de ellos procedentes de otras explotaciones de Alonso, como Coto Minero Narcea, de Monasterio de Hermo, que se cerró poco después de incorporarse al grupo del empresario leonés. Ahora mismo, en Cerredo apenas trabajan 100 personas de empresas subcontratadas; los empleados de Coto Minero Cantábrico se han ido a la calle.

En Pilotuerto, en Tineo, se ha producido una situación similar. Allí la inversión fue de 35 millones de euros, igualmente públicos en su mayoría, y las promesas de puestos de trabajo, producción y horizontes de explotación eran similares.

La semana pasada se supo que los 72 empleados de ese pozo habían sido despedidos por Alonso, de modo que sólo sigue trabajando una docena de operarios, en tareas de mantenimiento, tras asumir las condiciones laborales del empresario de trabajar más horas por menos salario, algo a lo que se niegan los demás empleados, que consideran esas que condiciones hacen retroceder 50 años sus derechos y llevan a una situación de «prestamismo».

En la mina de Tormaleo, contando la de cielo abierto de La Campa, también está todo parado. Sufrió un ERE hace poco más de un año y las personas que quedan trabajando, una decena, lo hacen únicamente en labores de mantenimiento.

Curiosamente, la única mina de la comarca que mantiene su actividad habitual, sin grandes variaciones con respecto a los últimos años, es Carbonar, en Cangas del Narcea, la única de la zona que no pertenece a Alonso. Aquí se han producido bajas por jubilación, pero, en general, la plantilla es estable y se sigue con unos 130 empleados directos y unos 65 en diversas subcontratas.

Recientemente, en medio de este oscurísimo panorama para la comarca, un grupo de empresarios se ha puesto a trabajar con el objetivo de reabrir la mina de Carballo Norte, que en su día se llamo Minarsa. Esa mina, que se encuentra en proceso de creación de infraestructura exterior (lavaderos, vestuarios, oficinas...) y apuntalamiento interior dará trabajo, según las previsiones, a cerca de un centenar de personas y, en teoría, podría ser rentable en el contexto económico actual, dedicada a la explotación de carbón para calefacciones y consumo privado. En cualquier caso, se trata de una excepción: en el Suroccidente el sector está herido de muerte, mientras la gente se pregunta por qué se reabren minas en Francia y en Alemania, y aquí se cierran.

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