Un largo conflicto judicial
 

El deslinde de la playa de Otur, anulado por segunda vez en la Audiencia Nacional

La Administración no respetó los plazos burocráticos, según el fallo, que deja en el aire la propiedad de las fincas con derechos anteriores a la ley de Costas

11.04.2013 | 02:16

Otur (Valdés),


A. M. SERRANO


La Audiencia Nacional ha anulado por segunda vez el deslinde del entorno de la playa de Otur, en Valdes, por defectos de forma. Según el nuevo fallo judicial, la Administración no respetó los plazos necesarios en un procedimiento público. La sentencia supone un triunfo para un grupo de propietarios que lucha desde hace más de dos décadas por hacer valer los derechos de titularidad anteriores a la aprobación de la ley de Costas en 1988. Son fincas que han heredado de familiares y que les quieren arrebatar «a golpe de derecho», denuncian.


El luarqués José Pedro Fernández, hasta enero presidente de la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas y ahora tesorero del mismo colectivo, además de afectado por el deslinde de Otur, explica que «la ley de Costas no puede anular de un plumazo los derechos sobre propiedaes que existían antes». No es la primera vez que este grupo de vecinos afectados, cerca de 70, gana la batalla legal al deslinde propuesto por la Demarcación de Costas en la década de los ochenta con el objetivo de proteger y ordenar el litoral.


En 2005 el Tribunal Supremo confirmó otra resolución de la Audiencia Nacional (2001) que obligaba a paralizar el desalojo de las viviendas que se encontraban en el entorno de la playa de Otur. En este caso, se hacía referencia de nuevo a los errores de forma. Según la resolución, no se informó a los afectados convenientemente al no existir una notificación del expediente.


En 2008 los propietarios presentaron un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el deslinde aprobado por la Dirección General de Costas. En la última sentencia, la Audiencia entiende que ha habido de nuevo defectos de forma, al no respetar la Administración los plazos de un procedimiento público. Según el despacho del abogado valenciano José Ortega, que se encarga del caso de Otur, la fórmula elegida por la Administración para materializar su propuesta es ilegal.


La nueva sentencia de Otur podría ser aplicable a otros casos, en los que los afectados podrían reclamar sus derechos por ser el proceso administrativo de separaciónn de propiedades pública y privada legalmente discutible. El letrado José Ortega, que representa a los propietarios, entiende que esta fallo que atañe a la playa de Otur no tiene precedentes en España y que es la primera vez que se anula por segunda vez un deslinde. En último extremo, y sin discutir el fondo, tema al que realmente quieren llegar los afectados, los particulares vuelven a tener derechos sobre la propiedad.

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