Gillón (Cangas del Narcea),
Pepe RODRÍGUEZ
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado a la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias y a la empresa Antracitas de Gillón a pagar 3,5 millones de euros, más intereses, a diecisiete vecinos del pueblo de Gillón por desperfectos causados en sus casas y en sus fincas. Unos desperfectos que se derivan, según la sentencia, de la actividad minera y de la negligente actuación de la administración en su labor de vigilancia. La explotación canguesa cerró en 2005.
La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo y condena tanto al Principado como a la empresa minera de manera solidaria. Esto significa que deben indemnizar de manera conjunta a los demandantes.
La demanda parte del día 29 de noviembre del año 2006, pero ya desde los primeros años 70 los vecinos de Gillón comenzaron a denunciar que la actividad minera estaba destrozando el subsuelo de su pueblo y creando unos enormes problemas de estabilidad en fincas y viviendas.
Según explica el tribunal en la sentencia, el pueblo de Gillón, y sus edificaciones, que suman 30, no presentaron desperfectos de consideración hasta el desarrollo de la actividad minera, cuya concesión se mantuvo desde 1968 a 2005.
Según cita textualmente la sentencia, los desperfectos en el pueblo son consecuencia «del asentamiento de los diferentes sustratos rocosos ante los ingentes vaciados de las capas de antracita realizados por la explotación minera» y niega que la pendiente del monte de Gillón pueda causar, por sí misma, esa clase de desperfectos y movimientos.
De la misma forma, el tribunal asturiano afirma que se alteró sustancialmente la estabilidad del terreno sin que la mina hubiera adoptado medidas necesarias de prevención, al demostrarse que las adoptadas fueron insuficientes.
En cuanto al papel de la consejería, el TSJA considera que se está «ante un anormal funcionamiento del servicio público», puesto que se aprobaron los planes de labores de la mina susceptibles de poner en peligro a todo un núcleo de población, y que lo hizo «con falta de diligencia y en contra de lo que era su obligación».
Antracitas de Gillón también está denunciada por haber cobrado ayudas de la administración para restaurar la zona después de su actividad y no haber ejecutado dicha mejora.
