Soto de Luiña (Cudillero),

A. SERRANO

«Es un modelo que nos devuelve a principios de siglo». La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, hizo ayer una dura crítica a la nueva ley de Costas del Gobierno central, que no tendrá en cuenta los deslindes pactados gracias a la ley de 1988 y liberará en parte el uso de los edificios pegados a la costa.

Fernández se desplazó a la playa de San Juan de la Ribera de Soto de Luiña (un ejemplo de recuperación dunar en Asturias) para criticar los nuevos criterios de la normativa de Mariano Rajoy, presentados en Oviedo por el Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, un día antes. A su juicio, esta norma obvia todo criterio técnico; es «acientífica» porque no prevé las consecuencias que puede tener en el entorno y es un «motivo de preocupación» porque da pie a que lo privado «se apropie de lo que ya es público». Además, Fernández indicó que es un riesgo para las instalaciones que se beneficiarán de esta amnistía, sean viviendas, hoteles, restaurantes o chiringuitos, y para sus inquilinos o usuarios. «Teníamos que estar hablando de estrategias de retroceso para evitar daños a bienes inmuebles y para dar seguridad a las personas. Sin embargo, el PP hace lo contrario: abre puertas para acercarlos más al mar e invadir el litoral», criticó.

El 95 por ciento de la costa asturiana estará afectada por esta nueva ley. Según la Consejería de Ordenación del Territorio, la norma va contra las directivas europeas y no tiene en cuenta los planteamientos de hace una década ni los estudios relativos al cambio climático. «No podemos cambiar la ley de forma unilateral», apuntó, y criticó la falta de diálogo para sacar adelante esta normativa. «Pese a que tenemos la competencia en ordenación del territorio, la Administración regional no ha sido consultada».

En cuanto el desarrollo turístico que sí prevé el PP gracias a esta nueva ley de Protección y Uso Sostenido del Litoral y Modificación de la ley de Costas, Fernández indicó que el Gobierno del PP defiende «el ladrillo masivo, que está agotado, no genera riqueza ni bienestar y no tiene recorrido».

El Ejecutivo central no piensa igual. La nueva ley de Costas deja libre la vía para mantener las construcciones que hasta ahora tenían restricciones. La Demarcación de Costas en Asturias prevé que las viviendas afectadas obtengan la concesión para que sus propietarios pueden continuar su disfrute. Además, para los inmuebles adquiridos antes de 1988 la concesión se amplía de 30 a 65 años.

El Principado descarta de momento iniciar acciones legales contra esta norma que cuestiona los trabajos hechos hasta ahora por los sucesivos gobiernos socialistas de la región. La Consejería dirigida por Belén Fernández pretende ahora llamar la atención del ciudadano sobre lo que considera «un retroceso». «Es imprescindible que la sociedad conozca que estamos poniendo en peligro los bienes públicos».

La ley de Costas de 1988 tenía por objeto ordenar el litoral y separar la zona pública de la privada. En algunos casos, como la playa de San Pedro de la Ribera, se ganó terreno a la zona privada, de la que antes hacía uso un camping.