El Juzgado de lo Social Número 4 de Oviedo ha desestimado la demanda interpuesta contra el Ayuntamiento de Salas por una empleada municipal y exconcejala de Bienestar Social durante el anterior mandato socialista, Susana Álvarez, por cambiarle la categoría de su puesto de trabajo, pasando de coordinadora del centro sociocultural de Cornellana a limpiadora, trabajo que desarrolló desde 1992 hasta que pasó a formar parte del equipo de gobierno del PSOE. El fallo incide en que la afectada interpuso el recurso fuera de plazo, ya que únicamente tenía 20 días para hacerlo.

En octubre de 2010, Álvarez renunció a su acta de concejal del PSOE y solicitó reintegrarse en la plantilla municipal. En ese contexto, el anterior alcalde, José Manuel Menéndez, la incluyó en la plantilla municipal como coordinadora del centro sociocultural de Cornellana. «Se trata de un puesto que no existía en la plantilla y asimilaba su salario al personal de los telecentros, que son diplomados universitarios», detalla el actual regidor, Sergio Hidalgo, de Foro. Él fue el que, el 29 de julio de 2011, ordenó que la trabajadora volviera al puesto de limpiadora, para el que fue contratada originariamente.

Así las cosas, Álvarez presentó una demanda laboral el 27 de septiembre de 2011. El Ayuntamiento alegó en el juicio que la decisión se consideraba ajustada a derecho ya que el puesto «no existía, no estaba presupuestado ni constaba resolución expresa del anterior alcalde nombrando a esta trabajadora para ese puesto», explica Hidalgo.

El alcalde forista está satisfecho con la decisión judicial: «Este pleito se alargó demasiado y derivó en una querella criminal que fue archivada y que dio lugar a numerosas interpretaciones de calado político al tratarse de una ex concejala socialista». Además, Hidalgo añade que «los jueces están dando la razón a este alcalde de forma sistemática en todas las decisiones judiciales en materia de personal».

El regidor se refiere a otros tres fallos judiciales que han resultado favorables al Ayuntamiento por el despido de trabajadores municipales que desempeñaban las funciones de asesoría jurídica, agente de desarrollo local y técnico informático. «Los tribunales consideraron que los despidos fueron procedentes y ajustados a derecho», concluye Hidalgo.