El PSOE de Cudillero defendió ayer el pago de 8.200 euros a la secretaria municipal por la defensa letrada del Ayuntamiento. El portavoz municipal socialista, Ignacio Fernández, indicó que la técnico hace este trabajo además de su tarea como secretaria y por eso ve normal y ajustado a la legalidad el pago de esta factura. El PP denunció la irregularidad que esto conlleva, ya que según los populares pagar el plus de productividad es ilegal ya que el Ayuntamiento tiene en marcha un plan de ajuste.

La alcaldesa en funciones, la socialista Olga Fernández, indicó por su parte que no conoce en profundidad este pago ni tampoco el concepto. Pero sí destacó que la secretaria se hace cargo de los juicios que enfrentan al Ayuntamiento con terceros "porque así se acordó en un pleno y eso lo sabe la oposición. Es la fórmula para ahorrar un bufete externo".

El portavoz socialista criticó, además, que esta denuncia se produzca en medio de la situación de inestabilidad que vive el Ayuntamiento, donde los tribunales han anulado por tercera vez el nombramiento del alcalde. El concejo espera -según el gobierno- que la Junta Electoral Central (JEC) se pronuncie y diga qué órgano debe acatar la sentencia que dejó sin validez el nombramiento del alcalde Luis F. Garay a finales de septiembre.

"Aquí el PP lo que quiere es enturbiarlo todo, que el proceso sea más duro todavía y llevarse lo que sea por delante para tener la Alcaldía", indicó Ignacio Fernández. El portavoz socialista aseguró que su grupo está "tranquilo" al respecto de esta y otras críticas del PP que cuestionan la legalidad de la gestión socialista. "Hemos acatado todas las sentencias y lo haremos en el futuro si procede", añadió Ignacio Fernández.

El portavoz del PSOE ha llevado el peso político en el gobierno y el grupo socialista en el Ayuntamiento en los últimos meses, pese a que no figuró en la lista electoral.

Fernández entró en la Corporación como concejal - nombrado a dedo por la agrupación local para cubrir una vacante en el grupo municipal- y luego el PSOE lo eligió para ser alcalde, lo que anularon los tribunales por no ir en la lista. Pero para que él saliera regidor tuvieron que negarse a ello los ediles que iban por delante en la Corporación.

Y esta renuncia sirvió para que, posteriormente, los tribunales anulasen hasta por dos veces la elección de Luis Fernández Garay.

Precisamente se está pendiente de cumplir esta última sentencia, del TSJA, de finales de septiembre. El PSOE pretende ahora que se constituya una gestora y para propiciarla ha provocado la dimisión de tres de sus concejales. Así, la Corporación se ha quedado con menos de la mitad de los ediles elegidos en las elecciones, una condición para nombrar gestora que, según los juristas, estaría dirigida por el partido más votado en 2011, es decir, el PSOE. Sin embargo, las dimisiones aún no han pasado por el Pleno y está por ver si antes hay que ejecutar la sentencia -lo que daría la alcaldía al PP- y posteriormente poner en marcha la gestora, o si es posible otro procedimiento.

Mientras se espera por un Pleno para acatar la sentencia (el lunes hay nueva reunión), el PP y FAC insinúan que la funcionaria ha tomado partido en el proceso a favor de los socialistas. El PP cree que dilata el proceso. De momento, según se ha informado en las reuniones, el gobierno espera que la Junta Electoral aclare qué hacer.