Red Eléctrica Española (REE) acaba de iniciar las obras del trazado de la línea Boimente-Pesoz, el gigante eléctrico de 81 kilómetros de longitud que comenzó a tramitarse en 2004 y que persigue evacuar a la Meseta el excedente eléctrico -sobre todo de energía eólica- que se produce en Asturias y Galicia. Casualmente las obras han comenzado en mitad del trazado, en una zona a medio camino entre el concejo asturiano de Santa Eulalia de Oscos y el lucense de A Fonsagrada. Precisamente ambos consistorios, junto a dos más de la provincia de Lugo (A Pontenova y O Valadouro) y el colectivo vecinal "Camín Grande" acaban de tomar la decisión de llevar el caso ante el Supremo para denunciar las incorrecciones e irregularidades del proceso administrativo y la falta de justificación del proyecto.
El Consejo de Ministros dio luz verde en abril al último trámite del trazado: la declaración de utilidad pública y la aprobación definitiva. Su publicación el pasado octubre en los boletines oficiales abrió un plazo de dos meses para presentar un contencioso ante el Tribunal Supremo, al que han recurrido. Es el segundo contencioso que presentan (sigue en curso el que tramitaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la autorización administrativa de la línea en julio de 2011), pero ahora cuentan con O Valadouro, lo que eleva a cuatro los concejos que batallan contra el proyecto, de los catorce afectados (diez en la provincia de Lugo y cuatro en Asturias: Santalla, San Martín de Oscos, Grandas de Salime y Pesoz).
El regidor de Santa Eulalia de Oscos, Antonio Riveras (IU) es el único asturiano en la lucha pero no se rinde: "Cuando uno se pone a luchar lo hace con todas las consecuencias. Este proyecto supone una gran injusticia, con un proceso administrativo viciado y muchas lagunas". Riveras también se ha mostrado muy crítico con que REE no informara sobre el inicio de los trabajos: "No nos comunicaron que iniciaron las obras, algo que debe estar dentro de la cortesía de las administraciones". El regidor tacha de "lamentable" el inicio de los trabajos y arremete contra un proyecto que se va a ejecutar sin que exista una necesidad real: "Es un hecho especulativo más dentro del sistema eléctrico español. Esta línea no es necesaria; es un aeropuerto más sin aviones".
Los opositores a la línea denuncian desde el principio la "total sumisión" del órgano ambiental que dio por buena en todo momento la opción elegida por Red Eléctrica para ejecutar el trayecto, de entre las catorce alternativas que se manejaron. También reprochan la falta de concreción de la documentación donde no figuran aspectos importantes como los enlaces a los parques eólicos donde se produce la energía que se pretende evacuar, ni se analizan los efectos que esta línea de 400 kilovoltios tendrá sobre la salud humana.
En el caso del contencioso ante el Supremo, los litigantes apoyan su reclamación en aspectos como la incorrección de la relación de bienes y derechos afectados, la indeterminación de la totalidad de afecciones a las fincas sobre las que se pretende actúa o la falta de justificación del proyecto en la actual situación del mercado.
