Los alcaldes de las zonas afectadas por la futura línea de alta tensión entre Boimente (Lugo) y Pesoz aseguran que el juez que desestimó el recurso contra la autorización administrativa de la línea es "parte" y, por tanto, parcial, en el caso. Los regidores (Santa Eulalia de Oscos en la zona asturiana y A Fonsagrada, A Pontenova y O Valadouro en la zona gallega) y la asociación de vecinos contraria al proyecto, "Camín Grande", se reunirán el lunes 5 de mayo en A Pontenova para decidir cuál será el próximo paso. De momento, coinciden en tildar la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de "vaga e imprecisa".

El único alcalde asturiano, Antonio Riveras (IU), cree que "alguien no se ha leído el expediente. Se mira para otro lado, jueces incluídos, y no se tienen en cuenta las alegaciones, es decir, no se leen y las regularidades y las mentiras son manifiestas", explica el regidor.

En la franja gallega son especialmente combativos los alcaldes de O Valadouro y A Fonsagrada. Edmundo Maseda (PSOE), del primer municipio, asegura que este gigante que evacuará la energía excedentaria a la Meseta generará grandes perjuicios al territorio asturiano y gallego "que parece que nadie ve, ni la Justicia. Da igual la zona de Galicia o la de Asturias, en ambas apostamos por la agricultura y por el turismo rural, y es fácil imaginar que un proyecto de estas características tendrá un grave impacto", indica. Los alcaldes se quejan de que no hay beneficios económicos para la población afectada y, además, critican duramente la última sentencia del caso, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que establece que "no está acreditado que los campos electromagnéticos generados por la línea ocasionen riesgos para las personas o el medio ambiente". "Si pasas cerca de la línea con una luminaria se enciende sola. Le queremos decir al juez que este proyecto sí afectará a la salud de nuestros vecinos", añade Maseda.

En A Fonsagrada, la preocupación es la misma. Argelio Fernández (PSOE), cree que la línea "es un atropello" y que el último fallo judicial "no se entiende desde el punto de vista ambiental. Nunca se tuvo en cuenta a la gente que vive aquí y ahora una sentencia que es parte dice vaguedades y todo sigue adelante", señala.

En A Pontenova, Darío Campos (PSOE) asegura que la línea pasa a 200 metros de algunos núcleos poblacionales "y por ello desde el principio luchamos contra ella". Sin embargo, es el único alcalde que anuncia una reunión con los vecinos afectados (al margen de la que se celebrará con todos los ayuntamientos el día 5) para decidir si continúan o no pleiteando.

La asociación "Camín Grande" cree que "luchar en los tribunales es el único camino. No podemos permitir esto porque está fundado en ilegalidades", manifiesta el portavoz del colectivo, José Luis Díaz.

En el plano técnico, el jurista asturiano especializado en Derecho Ambiental Javier Junceda asegura que discrepa de la sentencia. "No aplica la Ley de evaluación de planes y proyectos (ley 9/2006, de 28 de abril), ya que la línea está por definición supeditada a ella y requiere un examen minucioso de sus repercusiones ambientales". Junceda tampoco comparte la "inaplicación" que hace el juez de la normativa de actividades clasificadas, "que debiera ser considerada". Además, "tengo la impresión de que se desestiman argumentos sin excesiva fundamentación". Contra este fallo cabe un recurso de casación.

Estado actual

Qué es

La línea de alta tensión de 81 kilómetros de longitud se construirá para evacuar el excedente de energía, especialmente de la eólica que se produce en Asturias y Galicia. El proyecto, proyectado por Red Eléctrica Española, se empezó a tramitar en 2004.

Las partes

El gobierno defiende la línea por ser de interés general. Los ayuntamientos de las zonas afectadas (tres municipios gallegos y uno asturiano) rechazan el proyecto por su impacto ambiental y también por sus efectos en la salud de las personas dada la cercanía de algunas poblaciones al trazado. Señalan también que el órgano ambiental encargado de evaluar el impacto y las últimas sentencias judiciales no son imparciales. Red Eléctrica se decantó por un trazado, entre los 14 presentados, "que no favorece a la zona", aseguran.

Acciones pendientes

El lunes día 5 de mayo se decidirá si pleitean contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestima el recurso contra la autorización administrativa de la línea. También han iniciado acciones legales contra la declaración ambiental del proyecto y su aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros. Ambos casos se dirimirán en el Supremo.