La Comisión de Asuntos Medio Ambientales (CAMA) del Principado de Asturias se pronunciará en noviembre sobre el futuro de la mina de oro de Salave que promueve la empresa Astur Gold. Es la previsión que maneja la Dirección General de Minería, que ayer confirmó a este periódico la recepción de un total de 356 alegaciones durante el último proceso de información pública del plan minero tapiego.
El director general de Minería, Isaac Pola, explicó ayer que sigue abierto el proceso de recepción de alegaciones al segundo modificado planteado por Astur Gold en el que seapuesta por reducir el depósito de estériles de 52 a 10 hectáreas y por el aumento del relleno de la mina subterránea. "Estamos aún en el proceso de recibir alegaciones, queremos ser bastante cautos ya que muchas han sido presentadas dentro de plazo pero en registros diferentes y podrían no haber llegado. Vamos a esperar algún día más porque no queremos que se nos escape ninguna", aclaró Pola.
El siguiente paso será remitir todo el paquete a la Consejería de Fomento para su valoración por parte del órgano ambiental. Cabe recordar que la Consejería emitió en verano una resolución suspendiendo el plazo para la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por un período máximo de tres meses, que concluye a finales de este mes. Así pues, en noviembre está prevista una decisión sobre el plan minero de Astur Gold, una iniciativa que en 2012 recibió un permiso parcial, ya que se autorizó la mina subterránea pero no la planta de tratamiento ni la balsa de estériles en base a un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).
Pola considera que la declaración que debe emitir ahora la CAMA "englobará todo, la parte ya evaluada y la otra parte que quedó indefinida" y en la que, dice, "no ha habido cambios sino nuevas informaciones que enriquecen el proyecto y permiten evaluarlo en su conjunto".
El director general rechaza las críticas referidas a supuestas irregularidades en este proceso administrativo. La propia CHC, en su escrito de septiembre, dice que la evaluación del plan de Salave finalizó con la resolución de diciembre de 2012 y "no cabe reabrir ese expediente con el propósito de dictar una nueva declaración de impacto ambiental, como si la ya dictada no hubiera existido, o pronunciar una suerte de declaración de impacto ambiental complementaria".
En este sentido, la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA) ha remitido un requerimiento personal a la consejera Belén Fernández para recordarle la postura de la CHC, que califica de "especialmente relevante", ya que procede del Ministerio que ostenta las competencias de Medio Ambiente. ANA, que ya ha denunciado en varias ocasiones que es improcedente reabrir un expediente concluido, requiere a Fernández para que se abstenga de dictar una nueva resolución que modifique lo dictado en 2012. El colectivo ecologista considera que, en caso contrario, la consejera estaría vulnerando la ley.
