El Pleno del Ayuntamiento de Valdés acordó ayer, con los votos de dos concejales del PP y de tres ediles de Foro Asturias (FAC), iniciar una investigación para conocer la posible responsabilidad de políticos y trabajadores del Consistorio en la revocación a una constructora de una licencia de obra que un juez estimó ajustada a derecho. El Pleno, de carácter extraordinario, se celebró a solicitud de los grupos de la oposición y de la concejala no adscrita Noelia Méndez, que no asistió a la sesión. Pese a esta ausencia y al abandono de la sesión por parte de una concejala del PP (Patricia Menéndez), el gobierno (formado por siete ediles del PSOE, uno de IU y otro de URAS) no pudo frenar la solicitud.

Los concejales del PSOE tuvieron que ausentarse del Pleno en la votación por haber formado parte del gobierno que revocó en 2009 la licencia de obra. Los dos concejales del gobierno que pudieron votar: Gumernsindo Cuervo, de IU, y Balbino Suárez, de URAS, se abstuvieron. También se abstuvo uno de los concejales de Foro Asturias, Gonzalo Tapia.

Con este acuerdo quedan nombrados como instructor del caso el interventor, Leopoldo Méndez, y, como secretario, el trabajador Jaime García, que también es representante de Comisiones Obreras (CC OO) en el comité de empresa. Según Foro y PP, todos los concejales socialistas que votaron a favor de revocar la licencia a la constructora en 2009, la secretaria municipal y la entonces arquitecta municipal, Ana Cardeli y Carolina Alonso, respectivamente, podrían tener responsabilidad patrimonial en el caso.

El Ayuntamiento ya pagó a la constructora una indemnización de casi medio millón de euros. El PSOE cree que FAC y el PP sólo buscan con esta acción obtener un "rédito político". El portavoz socialista, Ricardo García Parrondo, destacó que un informe de la actual secretaria del Ayuntamiento, fechado en julio, asegura que no hay motivo para iniciar este expediente "porque no hay dolo". También indicó que la constructora se querelló contra el entonces alcalde, Juan Fernández Pereiro, "y el juez no encontró ningún indicio de prevaricación". Además, el PSOE se preguntó por qué la oposición no recurre a los juzgados y por qué "no analiza su responsabilidad en el caso, ya que gobernaron entre 2011 y 2013", cuando todavía no se había fijado una indemnización.

Según García Parrondo, "un informe técnico indicó en 2009 que el proyecto de la empresa no respetaba el Plan General de Ordenación Urbana". A su juicio, "si el Alcalde y el gobierno de entonces no hubieran actuado, entonces tal vez sí se les podría acusar por omisión de deber". García Parrondo también acusó a la oposición de no respetar la honorabilidad de los funcionarios del Ayuntamiento, y en particular, de los arquitectos que informaron de forma desfavorable del proyecto de la empresa constructora. "Aquí solo vemos un arma política", se cansó de decir Ricardo García Parrondo en sus intervenciones. El alcalde, el también socialista Simón Guardado, ahondó en la fórmula elegida por la oposición "para hacer demagogia barata" y dijo que la solicitud "está plagada de errores". Incluso advirtió de que se ha confundido una ley. Por esta razón, el PSOE duda de que pueda iniciarse, pese a haberse aprobado, el que la oposición llama "expediente de acción de regreso para exigencia de responsabilidad patrimonial" por el conocido como caso "de la Peña". De todos modos, el gobierno espera ahora una respuesta del ya nombrado instructor, que es de momento el interventor.

El portavoz del PP, Carlos Adaucto Iglesias, solo señaló que su partido tenía un motivo para apoyar la investigación: "Los casi 500.000 euros que salen de las arcas municipales para pagar una indemnización". El portavoz de FAC, José Modesto Vallejo, se limitó a leer la propuesta.

El "caso de la Peña" ya se analizó en otro pleno. El gobierno cree que se debe dar carpetazo al asunto porque tanto la secretaria municipal como un juez no ven dolo, mala fe ni temeridad en las decisiones políticas y técnicas que llevaron a revocar la licencia a la constructora. En la actualidad, y tras haber pagado una indemnización porque un juez sí consideró ajustada a Derecho la licencia, el Ayuntamiento reclama a la constructora 80.000 euros por no haber retirado la grúa.