También temen perder sus propiedades privadas una vez que se realice el deslinde y pasen a formar parte de Castilla y León. "Aquí tenemos todos las escrituras de 1925 y esperamos que las respeten, así que sea de donde sea el terreno, Asturias o León, eso es nuestro y no nos lo pueden quitar", sostiene Lorences.
Pese a ser los propietarios de la gran mayoría del espacio en disputa, tener fincas en dos comunidades autónomas les incrementará el coste de las tasas e impuestos, aunque algunos ya tributan en Asturias y León porque tienen terrenos en la vecina comunidad. Esto, además, les duplica el papeleo y la burocracia, dicen. "Tienes que sacar el Código de Explotación Ganadera (CEA) en ambas comunidades autónomas y tributar, y eso dobla el gasto", declara un joven ganadero de Santa María del Puerto que prefiere quedarse en el anonimato "para evitar problemas", dice.
"No es normal, es del todo ilógico ¿qué vamos a hacer con las guías? Porque hasta ahora vamos al Ayuntamiento de Somiedo a pedir la guía de las vacas y sólo se puede pedir una vez, ¿dónde la pido, en Somiedo o en Cabrillanes? Porque los animales pueden estar ahora en Asturias y en un minuto en León", cuestiona el joven.
También comenta que en su explotación familiar los terrenos de Peña Blanca, Peña Prieto, Río de Prao y Fuente l'Obispo, las 640 hectáreas en juego, siempre han sido parte de Asturias desde hace generaciones y no comprende el interés de Cabrillanes en recuperar un espacio que no utiliza.
En ese sentido, el Alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza (PSOE), ha aludido a intereses mineros y urbanísticos en la zona. Si bien, Lorences señala a un supuesto interés de Cabrillanes para fomentar el turismo de la caza en la zona porque hasta ahora el espacio está protegido por pertenecer al Parque Natural de Somiedo. Sin embargo, desde 2014 Cabrillanes forma parte del Parque Natural Babia-Luna.
Al margen de la disputa, los ganaderos somedanos estiman que perderán capacidad económica por culpa del deslinde, que les impedirá sumar todas sus hectáreas para pedir subvenciones europeas de la nueva PAC. También creen que les perjudica por la duplicidad de tributos y la burocracia en general.
