La Consejería de Economía y Empleo deberá iniciar un expediente sancionador contra la minera Astur Gold por las infracciones cometidas en la tercera y última campaña de sondeos realizada en Salave (Tapia) a finales de 2013. Así lo determina el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en una sentencia en la que da la razón a la plataforma vecinal "Oro No", que entendió que sí existían razones para abrir un procedimiento a la minera por cometer varias infracciones como el vertido de lodos en varios puntos y el trabajo nocturno, fuera del horario permitido.

La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA, con fecha de 14 de septiembre, obliga al gobierno regional a iniciar el expediente pero deja en manos de la administración la decisión de sancionar finalmente o no a la minera. El fallo, que llega meses después de que el Principado tumbara el plan aurífero de Astur Gold para Tapia, puede ser recurrido mediante un recurso de casación que debe ser interpuesto en un plazo de diez días.

La plataforma vecinal decidió impugnar la resolución del 17 de marzo de 2014 según la cual la Consejería de Economía, dirigida entonces por Graciano Torre, decidió no iniciar un expediente sancionador contra la minera por los sondeos realizados en la zona del yacimiento aurífero. En noviembre de 2013 Economía, según explicó el año pasado el propio Torre, abrió un expediente informativo para investigar las presuntas infracciones denunciadas por los vecinos.

Tras la investigación, la Consejería concluyó que hubo un vertido en el camino de El Cortaficio a El Arenal si bien no se acreditó "si se trataba de lodos de sondeo", ya que, según los datos de Cogersa, los lodos generados por los sondeos fueron entregados al gestor autorizado. El informe de la administración dejaba claro también que no se probó qué fue lo que se vertió en la alcantarilla de Represas donde se denunció el segundo vertido y tampoco pudo determinar si fuera del horario establecido "se estaban ejecutando trabajos de sondeo 'strictu sensu'". Por todo ello determinó que "no existía cobertura de normativa con rango de Ley para que desde la Consejería se pudieran sancionar los presuntos incumplimientos denunciados".

El TSJA no comparte la opinión de Economía y sí encuentra indicios de una supuesta infracción: "Sin prejuzgar el resultado que solo puede determinarse luego de la instrucción del procedimiento sancionador, no cabe duda de que existían indicios claros de la comisión, por parte de la empresa denunciada, de actuaciones que pudieran suponer incumplimientos de los condicionantes impuestos en la autorización que le permitía realizar los sondeos, con un grado de suficiencia tal como para que fuera necesaria la incoación del procedimiento sancionador". Así las cosas, el TSJA no entra a valorar si los incumplimientos tienen entidad para constituir una infracción administrativa, pero sí considera que debió abrirse el procedimiento. Es la razón por la que deja sin efecto la resolución impugnada y ordena a la administración a que incoe el expediente, dándole potestad para "resolver con libertad de criterio".

"Oro No" valora "muy positivamente" la sentencia porque demuestra que el Principado "actuó ilegalmente" al no incoar el expediente por las "flagrantes infracciones cometidas". El colectivo que lleva una década luchando contra la apertura de una mina de oro en Tapia reclama la dimisión de los responsables de Economía que impidieron una sanción a la minera. Una vez más, la plataforma pide al gobierno regional que "sus actuaciones en este asunto se atengan a la Ley y defiendan los intereses generales y no los de una mercantil".