Existe riesgo real de que haya empresas mineras que se vean obligadas a cerrar a principios de año. Esta delicada tesitura fue la que plantearon ayer representantes del sindicato SOMA-FITAG-UGT al eurodiputado socialista Jonás Fernández, con el que mantuvieron una reunión ayer en Cangas del Narcea. "No nos cansaremos de repetir que la situación actual es bastante crítica porque es la realidad", explica José Manuel Pedraza, secretario comarcal de UGT, que relata cómo las centrales térmicas están recogiendo una cantidad de carbón nacional "insuficiente para la supervivencia de las mineras".

Las empresas mineras situadas en los concejos del Suroccidente (Uminsa, Carbonar y Astur Leonesa) dan empleo a unos 1.200 trabajadores y los representantes sindicales aseguran que en algunas de ellas se están despidiendo a trabajadores de las contratas y "es el principio de una sangría que va ir a más si no hay una solución". Relatan que en la actualidad las explotaciones mineras están viviendo mes a mes con los cupos de carbón que las térmicas acceden a coger y que ahora llegará un momento de estabilidad con el cobro de las ayudas a la producción. No obstante, insisten en que están viviendo una situación insostenible que podría remitir si se pusiese en marcha un mecanismo que garantice el suministro de carbón autóctono.

Para el sindicato la solución al problema debe ser política. Por ello, creen importante recabar el máximo de los apoyos posibles con el objetivo de hacer visible la situación de la comarca "y que se tomen medidas para llevar a cabo y poner fin a la agonía de estos últimos cuatro años perdidos por la inacción de un gobierno que parece ser que no le interesa la continuidad de este sector", subraya José Manuel Pedraza.

El eurodiputado socialista Jonás Fernández recogió la preocupación del sector y exigió al gobierno central que "saque ya el real decreto de suministro y asuma los compromisos que ha firmado". Fernández anunció que uno de sus objetivos es poder "trabajar en el Parlamento Europeo y en el Consejo para eliminar el límite temporal de 2018", marcado por la Unión Europea para el cierre de las empresas mineras deficitarias que hayan recibido ayudas públicas. Para ello, aseguró que es necesario que se resuelvan los problemas de corto plazo que tiene el sector "porque el gobierno de España no cumple con los compromisos".