La compañía aurífera Astur Gold reclamará al Principado un montante de 8.590.000 euros por no autorizar la mina de oro de Salave, en Tapia. La minera ha contratado una auditoría independiente para valorar los gastos ocasionados durante los cinco años de trabajo en el concejo tapiego y el documento acaba de ser presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) como complemento a la demanda tramitada el pasado abril contra la decisión del Gobierno regional de no permitir la explotación.

La empresa minera informa en un comunicado publicado en su página web que no solo luchará para que el TSJA revoque la resolución que en febrero emitió la antigua Consejería de Economía y Empleo, sino que también va a tratar de "recuperar todos los costes" habidos en el desarrollo del proyecto desde mayo de 2010.

"Es lamentable que tengamos que gastar tiempo y recursos valiosos para resolver los problemas que han retrasado continuamente el desarrollo de Salave", señala el presidente de la compañía, Douglas Turnbull, quien se muestra decidido a proteger la inversión en Salave, ya que, dice, ha servido para diseñar una mina de oro moderna, que permitirá "cumplir o superar todas las normas ambientales y proporcionar importantes beneficios".

Astur Gold no sólo ha presentado ante el TSJA la auditoría externa que certifica la inversión en Salave, sino también un informe técnico que refuta los documentos emitidos por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) sobre el plan minero, cuyos resultados desfavorables, alertando de las consecuencias negativas que la explotación tendría para el medio hídrico, motivaron que la administración regional denegase la mina. Astur Gold dice que el criterio de la CHC carece de base científica y asegura que cuenta con estudios que demuestran que su plan minero no afectaría a la calidad del agua corriente. La empresa aurífera también esgrime la investigación del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) que desveló concentraciones de arsénico muy altas en el entorno de Salave, que aconseja la declaración de área contaminada.