El alcalde de Valdés, Simón Guardado, no tomará por el momento medidas contra la edil de su gobierno María Ángeles Rodríguez González, señalada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por vulnerar el derecho a la integridad física y moral de un empleado municipal. Guardado afirma que la concejala "ha actuado bien", y señala que se obrará "sin tomar decisiones precipitadas, marcando los tiempos". Por lo pronto, reconoce que "casi seguro" se recurrirá la sentencia del tribunal.
A pesar de la postura de Izquierda Unida, socio de gobierno, y de la oposición, que pide que se retiren a Rodríguez las funciones como edil de Servicios Sociales hasta que se clarifique el caso, Guardado es partidario de "no anticiparse a los hechos", por lo que mantendrá su situación tal y como está. "La sentencia aún no es oficial a día de hoy, aún no llegó al Ayuntamiento. Sabemos que cabe recurso y probablemente se ejecute", apunta el Alcalde, que no tomará decisiones "precipitadas".
"Porque, además, aunque la sentencia definitiva fuera condenatoria, ni siquiera tendría que dimitir, ya que es un conflicto distinto. Es un tema laboral, en el que la concejala lo único que intentó fue reorganizar el servicio en 2013 cuando llegó a la concejalía", defiende el regidor. Simón Guardado prefiere esperar "los pasos que deban dar todos los afectados en este tema".
El Alcalde confirma que el caso se ha trasladado a la Federación Socialista Asturiana (FSA) para que realice su valoración. Además, se reunirán la ejecutiva local del PSOE valdesano y el grupo municipal "para marcar los tiempos". "Quiero pedir tranquilidad; sabemos cómo trabaja la concejala, sabemos que las cosas se han hecho bien, con el único objetivo de que el servicio funcione", remata Guardado.
Además de los diferentes partidos que forman el arco municipal valdesano, sobre el asunto se ha pronunciado también el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), a través de un comunicado firmado por Jaime García, el delegado sindical. Asegura que se trata de hechos "muy graves y delicados", que han sido consentidos por parte de la edil y del Ayuntamiento: "No ha hecho absolutamente nada nadie, en dos años, para corregir la situación, pese a los continuos escritos del trabajador a la concejala de Servicios Sociales, al concejal de Personal y al propio Alcalde pidiendo una solución". Tampoco las reuniones del sindicato con los dirigentes municipales sirvieron para arreglar el asunto.
García explica que durante dos años al trabajador "se le ha retirado toda la carga de trabajo, pasando a hacer nada", mientras que se contrataba personal con asistencias técnicas externas, "pese a los reparos del interventor". A causa de la nueva organización establecida en el Ayuntamiento, el trabajador pasó de intervenir en unos cuatrocientos expedientes al año, a hacerlo en ninguno, apunta Comisiones Obreras, que confirma que varios de esos expedientes le fueron retirados del despacho durante una baja "en presencia de la Policía Local".
Por todo ello, el sindicato exige que se reponga al trabajador en sus funciones y en su dignidad de inmediato, y lamenta que desde que se conoció el caso "no se haya dicho una sola palabra de soluciones ni tampoco de rectificación".
