La ejecución provisional de las obras de contención y estabilización del talud desprendido en 2013 entre la calle Santa Bárbara y la calle Clarín de Cangas del Narcea ha sido aprobada por el Juzgado de primera instancia e instrucción de Cangas del Narcea.
El abogado de los vecinos afectados por el argayo, Félix Lobato, solicitó la ejecución provisional de la obra tras conocer que el arquitecto y la empresa constructora y promotora de la calle Clarín, condenados a reparar el talud desprendido tras los edificios por una sentencia que el Juzgado cangués emitió el pasado mes de septiembre, presentaron sendos recursos de apelación contra el fallo judicial.
No obstante, el auto del Juzgado que acuerda la ejecución provisional de las obras de estabilización no satisface del todo a los denunciantes al conceder a los condenados un plazo de un año para la realización de las actuaciones. "El plazo es excesivo, viendo la situación y que la obra provisional tiene una fecha de caducidad que ya está pasada", argumenta Félix Lobato, que ya ha presentado un nuevo escrito al Juzgado "para que al menos se exija que las obras se inicien en un plazo máximo de tres meses con independencia a que se les dé un plazo de un año para acabarla", explica el abogado.
Para Lobato, que se otorgue el margen de un año puede suponer que si los condenados optan por no acometer las obras se pierda un año más con la espera, "cuando estamos en una situación de cierta urgencia", subraya.
Además, asegura que "es necesario que se dé la seguridad de que los condenados vayan a cumplir o al menos de dejarnos conocer cuál es la actitud, porque si en el plazo de tres meses no empiezan la obra pues ya podemos pedir que nos dejen hablar con terceros para que ejecuten la obra y que el coste recaiga sobre los condenados; de la otra manera tendremos que estar esperando un año para ver lo que hacen".
En este sentido, el abogado de los afectados también solicitó en el Juzgado que se acuerde requerir a los condenados avales bancarios por el coste de las obras, o bien se permita el embargo de bienes, con el objetivo de garantizar que si los considerados responsables no llegan a ejecutar las obras los afectados puedan encargarlas a un tercero y cuenten con el dinero para acometerlas. "Necesitamos que desde el Juzgado se nos asista y se nos articulen los medios necesarios para que el fallo de la sentencia se pueda cumplir", matiza.
Los vecinos, contentos en los términos en los que se había pronunciado la sentencia, se encuentran ahora con una nueva situación de incertidumbre. "Se han hundido un poco porque lo que quieren es que se les solucione el problema y si los mecanismos para que se cumpla la sentencia nos llevan a unos plazos tan largos vamos a tener problemas serios de ejecución, por lo que se alargará en el tiempo", enfatiza Lobato.
El mayor temor de los vecinos es que comienza el invierno y llegan los temporales que pueden afectar al desprendimiento, estabilizado con una obra provisional que se llevó a cabo en 2014 y a la que los técnicos daban una duración de diez meses. Esta obra provisional facilitó que las familias de la calle Clarín que tuvieron que ser desalojadas tras el argayo pudieran volver a sus casas más de un año después. Ahora se teme que la contención vaya cediendo por el paso del tiempo y que se repita la situación de nuevo.
La obra definitiva se prevé complicada y se podría alargar entre los seis meses y el año.
