14 de julio de 2016
14.07.2016
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El comité se querella para evitar que Astur Leonesa asuma toda la deuda de Coto Minero

Los trabajadores acusan a la Seguridad Social de incumplir lo pactado en la compra de la mina de Cerredo

14.07.2016 | 08:07
Entrada a la mina interior de Cerredo.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha abierto diligencias previas para investigar por un presunto delito de prevaricación administrativa a la Inspectora de Trabajo, la Jefa de la Unidad de Impugnaciones, al Subdirector de Recaudación Ejecutiva y al Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias a raíz de una querella presentada por los miembros del comité de empresa de la Compañía Minera Astur Leonesa.

Lo que ha llevado a los trabajadores a realizar la demanda es la imposición por parte de la Seguridad Social de que la empresa minera asuma el total de la deuda que Coto Minero Cantábrico (CMC) fue almacenando en las diferentes explotaciones en las que trabajaba, entre otras, la mina de Cerredo, que fue adquirida por Astur Leonesa a finales de 2014 después de que CMC se declarase en concurso de acreedores en 2013. Esa deuda ascendería a más de 2,8 millones de euros y correspondería a la acumulación de impagos con el organismo realizado por CMC en su totalidad y no solo a lo correspondiente con la unidad productiva de Cerredo, que está fijado en torno al millón de euros.

En la querella, los trabajadores denuncian que en la liquidación efectuada por la Seguridad Social "no se tienen en cuenta ni lo que se adquiere, que no es la totalidad de la empresa, ni los trabajadores que integran la unidad productiva, ni siquiera las cantidades ya pagadas, a pesar de estar acreditadas", y añaden que en las negociaciones previas a la compra de la explotación de Cerredo por parte de Astur Leonesa "la dirección provincial de la Tesorería General había señalado que la cantidad adeudada no superaría los 1,4 millones de euros", esto es, la mitad.

Los trabajadores confiesan que se vieron obligados a actuar al ver que esta deuda impide que la empresa cobre las ayudas estatales al carbón que tenía concedidas, por importe superior a 1,5 millones de euros. "Al no obtener el certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social no se permite el cobro de ayudas que son fundamentales para el sostenimiento de la empresa", lamentan.

Un escollo que se suma a la delicada situación de la empresa, que se encuentra ante la convocatoria de un nuevo expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para la totalidad de la plantilla y hasta final de año, ante la previsión de no poder vender carbón a las térmicas durante los próximos meses. Hoy se celebra la última reunión entre empresa y comité en la que quedarán fijadas las características del ERTE.

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