El lobo vuelve a estar en el centro del debate político en Asturias. El Partido Popular insiste en su intención de declararlo especie cinegética y para ello impulsará una modificación de la ley de caza, como anunció el lunes en Somiedo el diputado Luis Venta. El Principado rechaza tales pretensiones y justifica su no a la caza en la baja población de la especie. Según datos de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, en la región hay "entre 250 y 300 ejemplares", que están integrados en unas 35 manadas. Este censo dista mucho del de Castilla y León, donde hay contabilizados unos 2.000 lobos y está permitido la caza.
Otra de las razones por las que el Principado se niega a tocar la normativa son las indemnizaciones por daños. La consideración del lobo como especie cinegética implica que los titulares de cotos de caza -en vez de la Administración- deben asumir los pagos de daños provocados a las cabañas ganaderas, además de realizar censos de la especie y justificar el número de capturas. El director general de Recursos Naturales, Manuel Calvo, explica que este cambio acabará traduciéndose en una "mayor inseguridad" para el ganadero a la hora de cobrar los daños. Como ejemplo pone el caso de Cantabria, que volvió a declarar el mes pasado especie no cinegética al lobo. El Gobierno de la comunidad vecina tomó esta decisión por las críticas en el retraso de los pagos.
Esta medida afectaría en Asturias a 48 cotos regionales, un coto privado y 10 reservas regionales. Manuel Calvo destaca que la tendencia actual en España es la de proteger en vez de cazar al lobo. La situación biológica y espacial del animal en el Principado refuerza esta tesis, pues en los últimos años (de 2001 a 2014) no se ha producido una evolución notable del número de manadas. La Consejería señala que la media anual es de 35 manadas y, de ellas, unas 25 suelen reproducirse. De todas formas, la Administración hace controles de población mediante la extracción de 45 lobos, el cupo máximo para este año en las siete zonas de gestión. En ellas no se incluye la llamada área de presencia esporádica -el centro de la región-. Para esta territorio no hay límite: se matan todos los ejemplares que entran. Los daños cayeron en la primera mitad del año un 20%, según el Gobierno.
