El Principado de Asturias ha decidido no recurrir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que declaran la nulidad del decreto por el que se aprobó el Instrumento de Gestión Integral (IGI) del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, anunció ayer en la Junta General del Principado que su departamento ya ha encargado la redacción de la memoria económica del IGI, cuya ausencia en el documento de gestión fue la causa de nulidad estimada por el TSJA.
Será el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) de la Universidad de Oviedo el encargado de realizar la memoria económica en la que se recogerán "las consecuencias que dicha declaración pueda suponer a los titulares de bienes y derechos", matizó la Consejera.
Una vez que se cuente con el documento, al que se destinará un presupuesto de 20.800 euros y que aún no tiene plazo previsto de finalización, se procederá a efectuar el trámite preceptivo de información pública "para subsanar la insuficiencia de la memoria económica de la tramitación anterior y volver a disponer del IGI, que es una herramienta imprescindible para el trabajo diario", reconoció Álvarez.
Mientras el proceso sale adelante, la Consejería mantendrá la gestión diaria del parque a través del director conservador, que tendrá como marco de actuación la ley de declaración del Parque Natural para "procurar que la ausencia del IGI no repercuta negativamente en la gente que vive en el territorio", subrayó la titular de Desarrollo Rural.
Sin ayudas
Sin embargo, los ayuntamientos y las parroquias rurales de la zona no podrán recibir las subvenciones que tramita la Dirección General de Recursos Naturales, puesto que las bases de las ayudas exigen disponer de un instrumento de gestión.
Los grupos parlamentarios en la oposición reprocharon a la Consejera la falta de participación de los propietarios en el proceso de elaboración del IGI, e incluso Foro instó a que cuenten con representación en los órganos del Parque. En este sentido, la Consejera recordó que la sentencia no recoge que haya existido una falta de participación o información pública y apuntó que en estos momentos se está trabajando en la ampliación de la Junta y la Comisión del Parque para dar entrada a la Parroquia Rural de Leitariegos.
"Lo que no requiere una modificación de rango legal lo estamos haciendo porque queremos aumentar la participación. En cuanto a la proposición de modificación de la ley, si esta cámara considera que es una solución lo haremos, pero, en todo caso, sería el único parque que incorporaría en los órganos de gestión a entidades privadas", explicó.
