La Consejería de Desarrollo Natural y Recursos Naturales acaba de acotar al pastoreo las superficie de terreno afectada por los incendios que asolaron varios concejos del Occidente durante el mes de diciembre del pasado año. En total, se ha fijado un acotamiento al pastoreo de 2.475 hectáreas, repartidas entre los concejos de El Franco, Boal, Tapia de Casariego y Castropol. La medida, que viene fijada por la Ley de Montes, supone ciertas limitaciones al uso del suelo por parte de los ganaderos, lo que conlleva, a entender de los afectados, una nueva carga para los vecinos, que por su parte siguen trabajando para devolver la normalidad a sus montes.

La zona ahora acotada al pastoreo durante diez años, a contar desde el momento en que se dio por extinguido el incendio, el 30 de diciembre de 2015, abarca desde el punto meridional de terreno calcinado, en la zona de Brañalibrel, en Boal, hasta la costa del concejo franquino. En estas parcelas, cuya relación se puede consultar en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), estará prohibido el pastoreo, con objeto de recuperar las especies afectadas o para restituirlas a la situación anterior al incendio. "Para evitar el pastoreo no será necesario proceder al cercado de las zonas quemadas, correspondiendo al propietario de las reses velar para que éstas no invadan la zona acotada. La consejería competente en materia forestal podrá levantar total o parcialmente los acotamientos en función de las características de la vegetación afectada", explicita la citada ley.

En el municipio más afectado por las llamas, El Franco, esta medida no coge por sorpresa, "puesto que es el procedimiento habitual que se sigue en los casos en los que se incendia una superficie de monte", señala la alcaldesa, Cecilia Pérez. Y aunque la disposición señala que el acotamiento permanecerá activo hasta el año 2025, la regidora confía en que se puedan ir levantando antes estas restricciones. "La ley incluye un apartado para revisar cómo se recupera el entorno y, si todo va bien, se puede permitir antes de esos diez años. Estamos convencidos de que va a ser así", agrega Pérez.

No obstante, la Alcaldesa también deja claro que esta medida no es de las que más afectarán a los propietarios de terrenos, "puesto que en este concejo hay poca superficie que se destine al pasto directo". Uno de los principales quebraderos de cabeza, en este sentido, es la superpoblación de jabalíes, un problema acentuado por la prohibición de cazar en las zonas quemadas, y que ha generado importantes daños en los cultivos de los ganaderos. La administración y el coto de caza locales han pedido permiso para poder hacer una excepción en la norma.

"De todas formas, vemos el acotamiento como una consecuencia negativa más de una actuación de mala praxis de los supuestos autores del incendio, que viene a sufrir los vecinos del concejo, además de todo lo que han pasado desde el día en que quemó. Da mucha rabia", añade Cecilia Pérez.

Los propietarios de los montes quemados, por su parte, coinciden con la regidora en que en El Franco apenas es representativa la superficie destinada a pastos, por lo que toman la medida con cautela. "Es algo que tendremos que estudiar, y ver cómo nos afecta", señala Óscar Gayol, portavoz de la agrupación de propietarios forestales de San Julián.

En lo que sí están trabajando los vecinos afectados es en la venta de la madera quemada, que avanza a buen ritmo. "Casi todo el pino está vendido, y hemos llegado a un acuerdo con Ence para que tire el eucalipto", dice Gayol, quien apunta que el siguiente paso para recuperar el monte es el parcelamiento. "Hay zonas en las que ya está avanzado, con estudios topográficos y mediciones. Esto ayudará a tener mejores fincas en el futuro, y con mejores accesos e infraestructuras", apunta el portavoz forestal.