El pleno de Cudillero aprobó ayer una ordenanza que regula el precio público por la realización de actividades formativas, culturales, lúdicas y de talleres en el concejo. En su artículo dos, la nueva norma destaca que "están obligados al pago del precio público las personas que participen o asistan a estas actividades". La cuantía del precio público será la propuesta para cada uno de las iniciativas en función de su coste y dividiendo el total entre los participantes. A ello habrá que añadir el coste de reserva de espacios públicos que regula otra ordenanza. A saber, 17 euros por hora suelta, seis euros por hora en caso de reservar la sala un semestre y tres euros por hora en caso de reservar por un año. El pago del precio público se efectuará por ingreso o transferencia bancaria y los interesados deberán presentar su solicitud en el Ayuntamiento.

El concejal de Cultura, Felipe Fernández, explicó que esta norma "sólo se aplicará en caso de ser necesario. Es decir, si sabemos que es oportuno organizar un taller de manipulador de alimentos porque hay demanda y el Ayuntamiento no tiene dinero para sufragarlo y hacerlo gratuitamente, se pedirá a una empresa que lo haga, pero tendrán que costearlo los beneficiarios".

El objetivo es continuar con la programación cultural y formativa al margen de la economía, buena o mala, del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que el Consistorio tiene una deuda millonaria.

El pleno también aprobó otra ordenanza para poder vender libros y otro material de promoción del concejo. El libro "El templo de San Pedro de Cudillero" tendrá un coste de tres euros. Los paraguas se venderán por 9 euros, las tazas, por cuatro; y las láminas, pósters mapas o fotos, por tres euros. También se pondrán a la venta los pins bañados en plata por de 1,8 euros. La junta de gobierno local podrá determinar en un futuro el precio del otros materiales que promocionen Cudillero.

La sesión extraordinaria también sirvió para sacar adelante una ordenanza sobre utilización de vías públicas por parte de camiones de actividad industrial. Tendrán que depositar una fianza de 1.500 euros. Además, se limita el tonelaje. Las ordenanzas entrarán en vigor a principios de 2017, según Fernández.