"Los trabajadores no pueden aguantar más, les debemos cinco nóminas. Si seguimos funcionando es por su tremenda generosidad, pero hemos llegado a una situación límite", confesaba ayer la directora del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Villamil (Tapia), Inés Fernández. La entidad, gestionada por la asociación tapiega Fraternidad, lleva desde julio sin poder pagar las nóminas de sus trece empleados, ni tampoco la paga extraordinaria estival. Esta situación se debe, a juicio de la entidad, a los 67.250 euros que el Principado les debe en concepto de pagos por la prestación del servicio de transporte.
La Consejería de Derechos y Servicios Sociales salió ayer al paso de estas declaraciones explicando que está trabajando en el asunto "como ya conoce la propia entidad". Además se ha comprometido a resolver la situación antes de que acabe el año. Precisamente ayer se desplazó al centro el diputado del PP Matías Rodríguez Feito, quien denunció la actitud de la administración con el tercer sector: "Exigimos a la consejera que deje de tomarnos el pelo y que pague".
En este sentido, el PP presentó ayer en la Junta General una Proposición no de ley para instar al gobierno regional a que salde su deuda, una situación que, añade Rodríguez Feito, padecen otras entidades. Próximamente, avanzó el popular, su partido solicitará un plan de estabilidad financiera para todas las entidades del tercer sector de cara a evitar en el futuro que se vuelvan a repetir situaciones como esta. "Esto no puede seguir sucediendo", añadió Feito, quien reconoció el papel fundamental de estas entidades.
La directora del CAI tapiego, que agradece la solidaridad de los trece trabajadores del centro, recuerda que es la segunda vez en dos años que el centro padece una situación así. No en vano, en diciembre del año pasado la Consejería les adeudaba 47.000 euros, lo que provocó que la gerencia del centro adeudara tres meses de sueldo a sus empleados. "Este año es peor", apunta Fernández. No en vano deben a los empleados cinco nóminas, más la paga extraordinaria del verano.
La directora del CAI explica que en el trasfondo del asunto está la gestión del transporte. El Principado tomó la decisión, a finales de 2014, de privatizar el servicio de transporte de los CAI de Asturias, sin embargo algunas rutas como las de Fraternidad quedaron desiertas por no resultar rentables para las empresas de transporte. La ruta de Fraternidad ha quedado vacante ya en dos ocasiones.
"Llevamos trece años haciendo este servicio que la Consejería considera ilegal, pero que nuestros servicios jurídicos ven legal. Somos una entidad abierta a la comunidad y por tanto usamos el transporte para participar en actividades", precisa Fernández, que considera que privatizar el servicio reduciría seriamente la movilidad de la entidad e iría en detrimento de sus 52 usuarios.
