El Pleno del Ayuntamiento de Valdés dio ayer luz vez al informe que determinará si la concejala de Servicios Sociales condenada por acoso laboral tiene o no que hacer frente al pago de la indemnización por daños morales que determinó el juez.
El gobierno desea así conocer la responsabilidad patrimonial derivada de la demanda del trabajador. El alcalde, Simón Guardado (PSOE), indicó que este proceder "no es nuevo, ya se hizo con el caso del edificio de la Peña". Esta vez, el informe no determinó que los políticos ni los funcionaron tuvieran que hacer frente a la indemnización, que finalmente sufragó el Ayuntamiento.
La sentencia que condenó a la concejala de Servicios Sociales de Valdés obligaba al pago de 6.251 euros al trabajador demandante por daños morales. El fallo condenó al Ayuntamiento de Valdés y a la edil, y absolvió a tres trabajadores demandados.
El Alcalde anunció una revisión del trabajo del centro de Servicios Sociales al conocer el fallo. Ahora se determinará quién paga.
