La defensa del padre y el hijo investigados como presuntos autores del incendio que hace un año se originó en la localidad boalesa de Brañalibrel y que arrasó 2.500 hectáreas de El Franco ha solicitado el archivo de la causa, aduciendo que las pruebas demuestran que sus representados se encontraban en la zona colaborando a la extinción de las llamas y no provocándolas. El proceso judicial abierto a principios de año sigue en instrucción justo cuando se cumple el primer aniversario de este fuego que provocó cuantiosas pérdidas en el municipio franquino y también en localidades vecinas de Boal y Tapia.
Según ha podido saber este periódico, la defensa, dirigida por el letrado José Manuel Fernández González, ha solicitado el archivo por entender que las pruebas dejan claro que lo único que hicieron los sospechosos fue colaborar en la extinción del fuego registrado en un monte de su propiedad a mediados de diciembre. Cabe añadir que el foco original no se produjo el 19 de diciembre de 2015, cuando se reactivó y propagó al vecino concejo de El Franco, sino el miércoles 16.
En este sentido, consideran especialmente relevante la declaración del responsable de los bomberos que participaron en la extinción de este fuego y que, según sostiene la defensa, dejó claro que ambas personas habían colaborado de manera eficaz en la extinción.
La Guardia Civil abrió una investigación contra estos dos hombres al localizarles en la zona donde se originó el fuego. Ambos vieron humo en un monte de su propiedad y se acercaron para intentar apagarlo. Su defensa considera que padre e hijo, sin antecedentes, han sido injustamente acusados de un delito que no han cometido.
El 19 de diciembre de 2015, El Franco registró el peor incendio de su historia, una ola de fuego que nació en Boal y llegó a la costa. Ardieron 2.500 hectáreas de terreno y, además de las pérdidas en madera, resultaron afectadas varias viviendas y una cuadra, además de tener en vilo a los vecinos por la proximidad de las llamas a las casas. Días después, la Guardia Civil desplegó sobre el terreno a varios efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) para localizar a los autores de esta quema.
A principios de febrero trascendió que la Guardia Civil había citado a declarar a un padre e hijo propietarios del monte que ardió. En marzo, ya como investigados, negaron ante el juez su participación en el incendio.
