El Pleno de Villayón, por unanimidad, decidió en la última sesión aprobar la nueva ordenanza reguladora de las ayudas económicas por emergencia social, garantía energética y de apoyo a la intervención. Las ayudas, que son de carácter no periódico, están destinadas a sufragar los gastos necesarios para prevenir situaciones de urgencia o marginación social. Las aportaciones se destinan a familias o personas individuales que no tengan los recursos suficientes como para cubrir las necesidades básicas.

Dentro de las ayudas de emergencia social se incluyen, por ejemplo, los gastos de alimentación, salud, vestido, o catástrofes. Otra línea se destina al pago de las facturas de servicios energéticos, como luz, gas o carbón. La tercera opción es la ayuda a los beneficiarios del salario social básico, para el pago de transporte para cursos de formación o consultas médicas, entre otros gastos.

La ordenanza marca unos umbrales máximos de ingresos para aquellos que pretendan acudir a las ayudas; y también la cuantía de las ayudas: 600 euros por solicitud y año en el caso de garantía social, 500 en el caso de la garantía energética, y hasta 300 por apoyo a la intervención.