La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, anunció ayer una solución definitiva para el servicio de transporte de los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Villamil. La asociación tapiega Fraternidad, gestora del CAI, podrá seguir realizando la ruta con su autobús y conductor gracias a un cambio que se introducirá en el próximo Acuerdo Marco de Discapacidad.

Varela, en compañía de la directora general de Servicios Sociales de Proximidad, Lina Menéndez, se reunió ayer con las familias del centro para explicarles que el Principado no puede seguir pagando las facturas del transporte de entidades como "Fraternidad", al no estar autorizadas como transporte de servicio público. Esta situación obligó al Principado a sacar a concurso las rutas a partir de 2013 y provocó problemas para pagar el servicio en aquellos centros, caso del CAI tapiego, donde las rutas quedaron desiertas. La administración se vió obligada durante meses a levantar reparos de intervención para pagar. De hecho, precisó Varela, no pudo pagar la última deuda a "Fraternidad" hasta que no se contrató la ruta con una empresa privada a finales de año.

El plan de la Consejería es incorporar un módulo complementario sobre accesibilidad, que permitirá dar cobertura legal y costear el transporte que prestan entidades como "Fraternidad".

Con este nuevo módulo cambiará el sistema de pago de la administración, que hasta ahora subvencionaba el funcionamiento de los centros con una partida global y costeaba a parte el servicio de transporte. "De este modo, se aportará a las entidades una sola cantidad y cada centro decidirá cómo organizarla", precisa Varela.

Sin embargo, el nuevo acuerdo no estará listo hasta mayo, por lo que que animan a "Fraternidad" a negociar una solución temporal con la empresa adjudicataria de la ruta del transporte desde el pasado diciembre. Hasta tener el nuevo marco legal, la administración no podrá pagar el transporte de "Fraternidad". En el CAI están contentos con que exista una solución a largo plazo, aunque ven complicado el acuerdo con la empresa de transporte.

"Voy a poner todas mis energías para que ese acuerdo sea posible", precisa Varela, quien considera absurdo que "Fraternidad" mantenga estos meses un transporte que la administración no puede pagar y que, a su vez, el gobierno esté pagando a una empresa por un servicio que no funciona por no tener usuarios.