La plataforma "Oro No", que agrupa a los detractores de la mina de oro de Salave, ha reaccionado con "satisfacción" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que considera "conforme a derecho" la decisión del Principado de denegar en diciembre de 2014 el proyecto minero que Astur Gold planteaba para Tapia. "La sentencia avala nuestro rechazo al plan de Salave", defiende el colectivo, que el próximo junio cumplirá doce años de lucha.
"Oro No" insiste en que desde el principio ha trabajado para rebatir proyectos concretos y el último de Astur Gold (ahora se denomina Black Dragon) "no cumplía". En este sentido, aplaude el criterio del alto tribunal asturiano, que señala a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) como "garante y responsable del dominio público hidráulico" y considera sus informes negativos lo suficientemente determinantes para que el Principado apoyara en ellos su veto al plan minero.
En términos similares se expresa el portavoz de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, Fructuoso Pontigo, quien señala que la "justicia reconoce que el organismo competente es la Confederación". Para Pontigo, la mina tapiega "no tiene ningún sentido y estaba justificadísima la resolución denegatoria".
El portavoz de la Coordinadora considera que de no ser por la Confederación el Principado hubiera autorizado la mina tapiega, lo que a su juicio demuestra "la administración que tenemos en Asturias". Asimismo, arremete contra la consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, a la que considera "incapacitada" para ejercer sus funciones. "Estamos contentos, pero lo que no es aceptable es que tengamos esta consejera que da facilidades a cualquiera que venga, y eso no es normal", añade Pontigo.
Por su parte, la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA) considera que no cabía otra decisión de la justicia: "No es tanto una buena noticia como lo debido. Los buscafortunas deben de tomar nota", apunta Ignacio Martínez, al tiempo que añade que "la falta de rigor técnico siempre estuvo del lado de los más burdos intereses privados, encontrados al interés general".
Pese a que la sentencia avala la postura tomada por el gobierno regional, el Principado ha reaccionado con cautela. El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno, Guillermo Martínez, evitó ayer en Valdés comentar la decisión judicial "por respeto" y se limitó a señalar que "el Principado toma siempre sus decisiones en base a criterios técnicos y pensando en el interés general, y así se tomaron con respecto a la mina de Salave".
En la esfera local, el Alcalde de Tapia, Enrique Fernández (PP), no entra a valorar el asunto: "Prefiero no comentar la sentencia, soy muy respetuoso con las decisiones judiciales". Desde la oposición socialista, que defiende una postura contraria a la mina, sí que han mostrado satisfacción por el fallo. "Astur Gold pretendió vender, basándose en estudios realizados por consultores expertos y organismos supuestamente independientes, que la mina no iba a tener un impacto negativo en la calidad del agua de los lagos de Silva y alrededores. Al contrario que la empresa, nosotros siempre hemos creído en el rigor técnico de la CHC", señaló la portavoz socialista, Ana Vigón.
